MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Industria no ha variado su posición con respecto a la exigencia por parte de la Comisión Europea de que antes del jueves 10 de enero se retiren algunas de las condiciones a la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa, por lo que el plazo expirará sin respuesta del Gobierno español, indicaron fuentes del departamento dirigido por Joan Clos.
De esta forma, el caso será previsiblemente denunciado por el Ejecutivo comunitario ante el Tribunal de Luxemburgo, donde también acabaron el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y las condiciones del Gobierno a la fallida OPA de E.ON.
A comienzos de diciembre, la Comisión declaró ilegales la mayoría de las condiciones impuestas por España a Enel y Acciona para adquirir Endesa y exigió su retirada al entender que vulneran los principios de libre derecho de establecimiento y circulación de capitales y mercancías.
Los requisitos que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria fueron dictados por el regulador español de la energía el pasado 4 de julio y modificados en parte por el Ministerio de Industria el 19 de octubre.
Industria se reafirma en que las condiciones impuestas a la eléctrica italiana y a la constructora de José Manuel Entrecanales, que controlan un 67% y un 25% de Endesa, respectivamente, son proporcionales y se ajustan al Derecho comunitario.
A mediados de diciembre, el propio secretario general de Energía, Ignasi Nieto, adelantó que el Ministerio de Industria no eliminaría las condiciones ni denunciaría a la Comisión, sino que dejaría que fuera el propio Ejecutivo comunitario el que, como en otras ocasiones, lleve el caso al Tribunal de la Unión Europea.
CONDICIONES ILEGALES.
En su dictamen de diciembre, la Comisión vio ilegalidad en condiciones como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la obligación de comprar ciertas cantidades de carbón nacional para la generación de energía; y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa.
La Comisión cree que tampoco se ajustan a la legislación comunitaria las limitaciones impuestas en el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa y en la política de distribución de los dividendos de la eléctrica española.
Dado que la decisión de Bruselas es jurídicamente vinculante, la propias empresas pueden invocarla ante los tribunales nacionales. En todo caso, la modificación de las condiciones por parte de Bruselas el 19 de octubre, en la que se retiraron algunos de los requisitos más estrictos, fueron bien recibidas por los actuales propietarios de Endesa.
La CNE impuso en julio de 2007 un total de 12 condiciones a Enel y Acciona, de las que Bruselas llegó a declarar en septiembre, antes de que el Gobierno las descafeinara y anulara cinco, la ilegalidad de 11 de ellas. De las seis restantes, el Ejecutivo comunitario entiende que una ha sido modificada adecuadamente, por lo que mantiene su rechazo a cinco.
El 5 de julio la Comisión aprobó sin condiciones la adquisición del control conjunto de Endesa por Enel y Acciona al considerar que la operación no iba a tener un impacto negativo sobre la competencia. Las condiciones impuestas por España invaden a juicio de Bruselas su competencia exclusiva en materia de fusiones de dimensión transfronteriza.
El Gobierno ha insistido desde el principio del proceso en que los requisitos que ha venido imponiendo son necesarios para garantizar la seguridad de suministro y compatibles con la legislación comunitaria.
