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  • 4 de febrero de 2019

    IU exige investigar si las eléctricas cambian habitualmente los contratos sin consentimiento

    IU exige investigar si las eléctricas cambian habitualmente los contratos sin consentimiento
    EUROPA PRESS - ARCHIVO

    MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

    Izquierda Unida (IU) ha reclamado al Gobierno que inicie una investigación para comprobar si es "una práctica sistemática" que las empresas comercializadoras eléctricas cambien de contrato a sus clientes, aun sin contar con su consentimiento.

    Así lo plantea su portavoz energética en el Congreso, Eva García Sempere, en una batería de preguntas registrada en la Cámara Baja, en la que pide conocer si el Ejecutivo tiene constancia de traspasos de contratos del mercado regulado libre "de forma fraudulenta" por parte de estas compañías y "si existe alguna investigación en curso".

    En este sentido, García Sempere señala que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de sancionar a Endesa Energía, comercializadora de Endesa en el mercado libre, por dar de alta sin consentimiento a un particular que denunció este hecho, ya que perdió su bono social, únicamente disponible en el mercado regulado donde tenía contratado su suministro.

    LA SANCIÓN SE QUEDÓ EN 30.000 EUROS

    Sin embargo, la instrucción de este caso calificó como leve este hecho que la CNMC consideró probado, todo ello pese a haber identificado previamente los mismos hechos como constitutivos de infracción grave. Finalmente, Endesa recibió una multa de 30.000 euros.

    Para García Sempere, la reiteración de estos casos "refuerza la idea de que las sanciones que se imponen a las eléctricas son meramente cosméticas y que el 'lobby' eléctrico tiene incidencia suficiente para minimizar el impacto que tienen sus conductas fraudulentas".

    "Las sanciones que reciben no significan nada en las cuentas de unas empresas con miles de millones de beneficios anuales", abunda, recordando que en caso de Endesa estas ganancias ascendieron a 752 millones de euros.

    Por ello, también pregunta en su iniciativa al Gobierno si "considera que una multa de 30.000 euros es seria para sancionar este tipo de conductas", pide medidas para "garantizar que quien ponga en riesgo las protecciones a consumidores vulnerables reciba sanciones disuasorias" y que, en caso de ser recurrentes, "conlleven la extinción de la licencia de comercialización".