26 de febrero de 2021
26 de enero de 2021

Más colaboración entre aduanas y público-privada, clave para luchar contra comercio ilegal de gas refrigerante

Más colaboración entre aduanas y público-privada, clave para luchar contra comercio ilegal de gas refrigerante
Murli Sukhwani (EFCTC), Susana Rodríguez (CNI) y Pilar Jurado (Departamento de Aduanas de la AEAT) durante su intervención en el Encuentro Digital 'El comercio ilegal de gases refrigerantes en la UE' - EUROPA PRESS

Podcast El comercio ilegal de gases refrigerantes en la UE. Un reto de impacto medioambiental y económico para España.

El EFCTC insta a acelerar la puesta en marcha de una ventanilla única en la UE y mejorar el acceso de las aduanas al registro de cuotas

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un mayor acceso de las agencias de aduanas de la Unión Europea (UE) a los registros electrónicos de cuotas de los gases refrigerantes HFC, acelerar la implantación de la ventanilla única europea y una mayor colaboración entre el sector privado y la Administración pública ayudarían a luchar con el comercio ilegal de este tipos de gases en la UE, que está teniendo un consecuencias económicas y medioambientales en todos los componentes de la cadena de valor.

En el encuentro digital 'El comercio ilegal de gases refrigerantes en la UE. Un reto de impacto medioambiental y económico para España', organizado por Europa Press, el director general para EMEA FluoroChemicals de Chemours y presidente del área de Datos e Investigación del Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC), Murli Sukhwani, ha explicado que el mercado de HFC se encuentra regulado desde 2015 por el reglamento F-Gas, que se marca unos objetivos "muy ambiciosos" para reducir el impacto medioambiental que tienen estos gases.

En este sentido, ha señalado que este reglamento, que tiene como objetivo reducir el 79% de su consumo en 2030 respecto a los niveles de 2009-2012, está perfectamente diseñado, pero el problema radica en los aspectos relacionados con su seguimiento, cumplimiento y vigilancia, que corresponde a los distintos Estados miembros. Ahí, ha incidido en que su aplicación es "débil", el marco sancionador es diverso e insuficiente y el intercambio de datos entre organizaciones no siempre es bueno.

En este contexto, ha remarcado que ha surgido un comercio ilegal de gases HFC que podría suponer hasta 34 millones de toneladas equivalentes de CO2, lo que representa alrededor del 33% de las 100 toneladas permitidas en el mercado legal en 2018. Sukhwani ha incidido en que esta cifra equivaldría a incorporar 25 millones de nuevos coches en las carreteras europeas.

Ante esta situación, ha señalado que el Comité técnico ha propuesto una serie de medidas que ayudarían a contener este problema, entre las que se incluye la necesidad de que todas las agencias de aduanas de la UE tengan acceso al registro electrónico de los HFC donde están marcadas las cuotas, algo que no ocurría hasta hace un año y que ya se está empezando a implantar.

En esta línea, también ha instado a acelerar la puesta en marcha de una ventanilla única en la UE, proceso que se está actualmente implementando y que daría visibilidad a las diferentes aduanas de cuáles son los flujos de mercancías en el sistema al compartir información entre los países miembros.

En tercer lugar, el presidente del área de Datos e Investigación del EFCTC ha señalado que desde el Comité están celebrando seminarios con diferentes grupos de aduanas de distintos países miembros de la UE para intercambiar ideas y aumentar la información y la sensibilidad de las aduanas en los distintos países miembros.

CONTROL DE CUOTAS

La directora del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Pilar Jurado, ha señalado que el reglamento F-Gas tiene algunas características que no permiten un control total del mercado, ya que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos en los que también fijan cuotas de importación, como el de pesca, no prevé un control y un seguimiento de las mismas.

En este sentido, Jurado ha explicado que esto supone que la aduana solo puede controlar la cuota total que tiene un importador concreto, pero no existe la visión global de lo que éste importa de este producto en toda la Unión Europea, ante lo que ha admitido les gustaría que estuviera "más cerrado el círculo de lo que pueden controlar".

Además, ha recordado que los importadores de menos de 100 toneladas equivalentes de CO2 de HFC al año no están controlados por el reglamento, por lo que puede darse el caso que, aprovechando que la UE es una unión aduanera y se puede importar por cualquier sitio de la unión, alguien pueda aprovecharlo para importar de forma individual y luego venderlo.

Asimismo, ha agregado que a esto se suma la política de protección de datos de la UE, que impide a las aduanas ceder una información si no están habilitadas para ello por la normativa. Por ello, ha señalado que, aunque se hacen controles y se comparte información cuando se entiende que hay actos ilícitos, de manera generalizada no se puede compartir, lo que reduce la efectividad de los mismos.

Por otro lado, también ha apuntado que en el plan anual de control tributaria de la AEAR se incluyen acciones específicas en torno al impuesto de gases fluorados, que afectan directamente al producto, como el control de sujetos pasivos o seguimiento de las adquisiciones. A este respecto, ha apuntado que un elemento de fraude común se encuentra en adquisiciones intracomunitarias.

PUNTO DE ENCUENTRO

Por su parte, la miembro de la junta directiva de la Confederación Nacional de Instaladores (CNI) Susana Rodríguez ha incidido en que la colaboración público-privada es "esencial" para encontrar "un punto de encuentro" y poder luchar contra este mercado negro y ha remarcado que, mientras siga existiendo demanda, el comercial ilegal de gases HFC seguirá existiendo.

Rodríguez ha remarcado que los instaladores ya hicieron sus deberes cuando se aprobó el nuevo reglamento y se comenzó a aplicar el impuesto especial de gases fluorados en 2014, asumiendo el coste administrativo que supuso este proceso, y ahora son quienes siguen pagando las consecuencias de este mercado negro, ya que conlleva una perdida de competitividad para estas más de 15.000 compañías que existen en España.

Ante esta situación, ha incidido en la importancia de contar con una mayor cantidad de datos que permitan conocer la magnitud del problema, como el número de instalaciones que existen que emplean HFC, las emisiones que realizan de medio o el stock acumulado antes de la entrada en vigor del impuesto especial, para poder identificar medidas que ayuden a resolver este problema.

En esta línea, también ha abogado por incentivar desde el sector público el cambio a instalaciones con tecnologías que empleen gases menos contaminantes y concienciar a los usuarios finales del impacto que tiene el obtener el HFC en el mercado negro. Así, ha añadido que si se corta la demanda, no habrá oferta en el mercado negro.

Por otro lado, Rodríguez ha advertido del impacto que tiene en los precios del gas el sistema de cuotas, ya puede provocar un alza de los mismos cuando esta cuotas se modifican, como ocurrirá este 2021, y provocar un nuevo rebote del mercado negro. Además, ha instado a no penalizar a quien hace bien las cosas, sino a premiar y proteger a quien trata de contribuir a una sociedad más responsable.

A este respecto, Jurado ha admitido que el hecho que de España tenga un impuesto indirecto a los gases fluorados, que está autorizado por la UE, pero no es armonizado, puede hacer que suba el precio final del gas, lo que puede generar una "atracción adicional" al fraude. Aún así, ha apuntado que es probable que si un importador quiere introducir gas sin declarar o fuera de la cuota, no se vendría a la aduana española, lo que no quiere decir que no haya algún caso de fraude.

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