MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundación de Energías Renovables, que nace como iniciativa de ciudadanos particulares para defender estas tecnologías, pide que el sector de los hidrocarburos asuma parte del coste para cumplir los objetivos comunitarios y aboga por implantar un impuesto verde a los carburantes cuyo importe debería rondar "uno o dos céntimos" por litro, indicó uno de sus vicepresidentes, Fernando Ferrando, en rueda de prensa.
Ferrando, que es directivo de Endesa pero que intervino a título personal, recordó que en España los carburantes son más baratos que en la UE y que existe una "importante diferencia" de precios en este aspecto, y consideró que "con acercar el diferencial en uno o dos céntimos (por litro) para que haya una corresponsabilidad con las renovables será suficiente para desarrollar todo el sector".
Para Ferrando, esta medida, a la que se oponen abiertamente los grupos petroleros, supondrá "más presión sobre los que contaminan" y aportará "señales de precio acerca de los costes reales de cada tecnología". "Todo el mundo tendrá que arrimar el hombro y pagará el que contamina más", añadió.
La reclamación de la Fundación, indicó, parte de que "todo el sector energético tiene que apoyar" el esfuerzo de cumplimiento de objetivos comunitarios y de que "hay margen para que algunos vectores soporten lo que tienen que soportar" para lograr una sociedad "descarbonizada".
FRAUDE FOTOVOLTAICO.
Por su parte, el presidente de la sección fotovoltaica de Appa, Javier García Breva, que preside a su vez a título personal la nueva Fundación, recomendó un acercamiento con "cautela" a las acusaciones de un consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Albentosa, acerca de un posible fraude en el sector fotovoltaico relacionado con la repotenciación de plantas, cuyo valor podría ascender a 1.700 millones en dos años.
García Breva recordó el "bochorno" de las anteriores acusaciones de un fraude, en las que se aseguraba que las plantas solares generaban luz de noche, lo que fue "desmentido" por la CNE. Según dijo, fue el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, quien lanzó las sospechas.
"PROBLEMA REGULATORIO".
Durante la rueda de prensa, García Breva lamentó la inexistencia de "señales regulatorias que den garantías" y aseguró que en el propio Ministerio de Industria le reconocieron que "el problema con las renovables no ha sido de la tecnología, sino de la regulación".
Al "desajuste" y "efecto llamada" provocado por Industria en tecnologías como la fotovoltaica, García Breva añadió la falta de coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central. Las primeras, explicó, vieron en las renovables un "modelo de desarrollo terrotorial" y se lanzaron a aprobar megavatios que el sistema nacional no fue capaz de absorber.
REBAJAS EN LOS OBJETIVOS.
García Breva también lamentó que el Ejecutivo haya ido reduciendo sus compromisos ante Bruselas acerca de la presencia de energías renovables en la producción eléctrica. Si en un principio la aportación al consumo final iba a ser del 22,7% en 2020, posteriormente quedó rebajada al 20,8%, de modo que, en el 'mix' energético, las fuentes 'verdes' han pasado de un objetivo del 42,7% al 35,5%.
Por otro lado, el presidente de Appa Fotovoltaica aseguró que su sector se sintió "engañado" con la aprobación "unilateral" por parte de Industria del real decreto de revisión de primas, y dudó de que se vayan a producir nuevas negociaciones acerca de la futura regulación.
