BRUSELAS, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normativas comunitarias que reforman el diseño del mercado eléctrico comunitario y que, entre otras cuestiones, darán a los socios comunitarios la posibilidad de regular de forma temporal el precio de la electricidad para asistir y proteger a los hogares pobres o más vulnerables.
Los negociadores de ambas instituciones europeas han pactado, sin embargo, que las medidas a través de los sistemas de seguridad social deben ser prioritarias en las estrategias de los Estados miembros para atajar la pobreza energética.
Los países de la UE y la Eurocámara ha logrado un acuerdo, en concreto, sobre la nueva directiva y el nuevo reglamento del mercado eléctrico europeo, aunque todavía deben ser aprobadas formalmente por ambas partes para que puedan entrar en vigor.
La directiva, además, también permite a las capitales la posibilidad de intervenir la fijación de precios para el suministro de electricidad de otros hogares y empresas pequeñas con el objetivo de facilitar una transición hacia una competencia "efectiva" entre sociedades proveedoras electricidad.
El elemento "clave" de la normativa, según ha informado el Consejo de la UE, es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que "limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas".
No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la UE en este sentido e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
Las nuevas reglas europeas sobre el mercado eléctrico también buscan reforzar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los proveedores de electricidad tendrán que ofrecer a sus clientes la opción de cambiar de empresa sin pagar tasas en un periodo máximo de tres semanas y de 24 horas a partir de 2026.
Los consumidores también tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado miembro demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios.
Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios 'online' libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.
MECANISMOS DE CAPACIDAD
Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad.
Sí que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.
