MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Red Eléctrica de España (REE) quiere que el futuro real decreto sobre energía solar fotovoltaica obligue a este tipo de instalaciones a cubrir los huecos de tensión provocados por caídas en el suministro de la energía eólica, según las alegaciones de la compañía incluidas en el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre esta norma, el Real Decreto 661/2007.
El grupo presidido por Luis Atienza propone incluir una disposición transitoria al texto que recoja esta obligatoriedad. La fotovoltaica contribuirá de esta forma a evitar huecos de suministro relacionados con la eólica, que en 2007 alcanzó los 15.145 megavatios (MW), tras crecer a un ritmo récord.
La CNE recoge las alegaciones de algunos de los principales agentes del sector. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) asegura que el borrados elimina "cualquier tipo de seguridad jurídica", ya que, entre otros aspectos podría dejar sin retribución a las instalaciones que se inscriban después de que se supre el límite de 1.200 megavatios (MW) establecido por Industria.
"Ninguna entidad financiera estará dispuesta a otorgar créditos para la construcción de plantas fotovoltaicas, puesto que es imposible saber la retribución que percibirían estas instalaciones", señala.
En su propuesta sobre precios de tarifas, esta asociación propone una reducción del 10% en potencias de hasta 100 megavatios (MW), al tiempo que se mantiene la de las instalaciones de entre 10 y 50 MW.
Por su parte, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) coincide en que existe una "total incertidumbre para los promotores de instalaciones", por lo que propone que, una vez alcanzado el objetivo de potencia instalada, se contemple un plazo de mantenimiento de la tarifa.
En todo caso, ASIF propone que se suprima el límite de 1.200 MW como "cantidad limitadora", y que se mantenga únicamente como cantidades considerables objeto de planificación.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) percibe "confusión e inseguridad jurídica", y ve en el límite de 1.200 MW riesgos para los "intereses legítimos" de los inversores.
