MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El regulador francés en materia de energía, la Comission de Régulation de l'Énergie (CRE), ha emitido un informe en el que cuestiona las interconexiones internacionales de electricidad y gas con España por una posible relación desfavorable entre costes y beneficios.
Tras aludir a lo "complejo y costoso" de los proyectos, el regulador empieza analizando en su informe las interconexiones de gas y, en concreto, la prevista por Cataluña, conocida como Midcat y en la que trabaja Enagás.
Este proyecto costará cerca de 3.000 millones, de los que Francia deberá aportar cerca de 2.000 millones, y la decisión de adoptarlo "no debería ser tomada a la ligera sin un robusto análisis de coste y beneficio", indica el regulador.
La CRE quiere que se identifiquen y cuantifiquen los beneficios para cada país y se organice la captación de recursos económicos en proporción a este parámetro.
El Midcat, que elevará al 15% la capacidad de interconexión entre ambos países, vino precedido del lanzamiento de una 'open season' en 2010 para conocer el interés del mercado. Los resultados de la misma fueron "infructuosos", afirma el regulador.
"A la vista de la evolución del mercado del gas en los últimos años, caracterizado por la estabilidad de la demanda y la sobrecapacidad existente, se deben reunir varias condiciones para que un proyecto tan costoso pueda lanzarse sin suponer un riesgo demasiado importante sobre los consumidores españoles y franceses", afirma la CRE.
Junto a esto, reclama un nuevo estudio del mercado por parte de los gestores de las redes gasistas de España y Francia para determinar si realmente existe "necesidad" de esta infraestructura. "En el contexto actual", advierte, es "probable" que el resultado de esta "llamada al mercado" sea "negativo.
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA POR VIZCAYA.
En cuanto al proyecto de interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya, CRE apela al "prerrequisito esencial" de aclarar las "incertidumbres técnicas" antes de estudiar las oportunidades que conlleva en términos de coste y beneficio.
El regulador dice que su deber legal es "actuar por el bien de los consumidores" y que "trabajará para evitar que queden expuestos a costes considerables relacionados con la construcción de infraestructuras cuyas ventajas para el desarrollo del mercado europeo y la seguridad de suministro no están demostradas".
Red Eléctrica de España (REE) cuantificó esta semana en 1.900 millones de euros las inversiones necesarias para este proyecto, cuya construcción, si se cumplen los diferentes trámites, podría comenzar en 2019.
