MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Redexis Gas contra la orden de peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasísticas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2017.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recurso ha sido admitido a trámite por diligencia de ordenación por la sala tercera del Supremo el pasado 2 de febrero.
El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó la orden por la que se adoptaba la congelación de los peajes de gas para el ejercicio 2017, al igual que hizo con los de la electricidad.
Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía.
El mantenimiento de los peajes se produce tras haber recibido Energía los informes sobre la materia elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que se advierte de que, en el caso del gas, las previsiones de demanda pueden ser demasiado optimistas y provocar un desajuste en el sistema.
No obstante, el Ministerio consideró que serán suficientes para cubrir los costes del sistema y que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015.
La orden ministerial reconoce además un déficit de tarifa del gas acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.
Los costes total del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. En total, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto.
El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones.
También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París acerca de los costes del gas importado desde Argelia. En total, la tarifa debe asumir 163 millones en cinco años por este concepto.
CASTOR.
La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que esta empresa había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros.
Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental.
Al margen de este proyecto de conexión, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones, en cumplimiento de las anualidades ya establecidas.
