BRUSELAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este miércoles que la intervención estatal en la fijación del precio de suministro del gas natural puede estar justificada, pero ha advertido de que debe estar claramente justificada por razones de "interés general", como la seguridad del suministro y la cohesión territorial.
Así, ha advertido de que una regulación "permanente" de las tarifas a escala nacional, impuesta únicamente a determinadas empresas del sector del gas natural, podría resultar discriminatoria e ir más allá de lo necesario.
La sentencia responde a una consulta del Consejo de Estado francés sobre la compatibilidad con la reglas comunitarias de la regulación gala, que impone a los operadores históricos precios máximos en el cobro del suministro de gas natural a determinados consumidores.
La Asociación Nacional de Operadores Minoristas de Energía (ANODE, por sus siglas en francés) denunció esta intervención, alegando que vulnera los objetivos de la directiva sobre mercado interior del gas natural.
Tales objetivos fueron recogidos en una sentencia de 2010 del TUE, en la que se aclara que los gobiernos nacionales sólo podrán intervenir en el precio final al consumidor si se persigue un interés económico general, es una medida proporcionada y establece claramente las obligaciones de servicio público.
En su sentencia de este miércoles, el tribunal con sede en Luxemburgo recuerda que el objetivo primero de la directiva es que el precio del suministro del gas natural sea fijado "libremente, por el juego de la oferta y de la demanda".
En este sentido, ha apuntado que el caso expuesto por ANODE no es "en modo alguno" el resultado de una libre determinación derivada de la oferta y la demanda, por lo que se han determinado al margen de la dinámica de las fuerzas del mercado.
"Una regulación de este tipo constituye, por su propia naturaleza, un obstáculo a la consecución de un mercado del gas natural competitivo", ha explicado el TUE, que considera que dicho obstáculo permanece pese a la posibilidad de ofertar precios inferiores a las tarifas reguladas.
Por ello, pide al Consejo de Estado que evalúe si la regulación del Estado francés está justificada por la necesidad de garantizar la seguridad del suministro y la cohesión territorial, además de estudiar si es una norma que respeta el principio de proporcionalidad.
Con todo, el TUE ha señalado dudas de que se proteja la cohesión territorial con tarifas reguladas a escala nacional, cuando es posible aplicar tarifas reguladas a determinadas categorías de clientes que se encuentren en zonas apartadas y determinadas en función de criterios geográficos objetivos.
El hecho de que la regulación de las tarifas controvertida revista carácter "permanente" podría no ajustarse al criterio de proporcionalidad, ha añadido.
