23 de septiembre de 2019
19 de julio de 2018

Unidos Podemos busca que los ayuntamientos puedan municipalizar la red de distribución eléctrica

Propone reducir en un 35% las emisiones de CO2 en 2030 y rehabilitar con criterios de eficiencia 200.000 viviendas al año

Unidos Podemos busca que los ayuntamientos puedan municipalizar la red de distribución eléctrica
EQUO

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una ley para que los ayuntamientos puedan adquirir y gestionar su propia red de distribución eléctrica, declarando su explotación como un servicio público de titularidad municipal.

Así consta en la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética que quieren que se debata en la Cámara Baja y con la que la coalición de izquierdas busca alcanzar, entre otros objetivos, la reducción de emisiones de CO2 y regular la transición energética con un cambio en el 'mix', aumentando el peso de las renovables.

Estas se regularían a través de un nuevo sistema de subastas en el que el coste de generación de cada tecnología sería el criterio principal y un sistema de primas de retribución estable para las instalaciones ya existentes, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la producción.

PRIMAS SEGÚN COSTE DE GENERACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Dentro de su política de acción climática, Unidos Podemos considera inaplazable realizar cambios en el sector eléctrico, y aboga por reformar su sistema de retribuciones, abonando en función del coste de generación y asumiendo la amortización instalaciones, así como por una auditoría de todos los costes del sector, a realizar en el primer año desde la entrada en vigor de la ley.

La coalición de izquierdas llama a acabar así con los llamados 'windfall profits' --'beneficios caídos del cielo'-- que, denuncian, gozan determinadas instalaciones de generación, como las hidroeléctricas. En este sentido, establecen la explotación pública de cada instalación al caducar las concesiones de las mismas.

RENACIONALIZAR RED ELÉCTRICA

No es la única medida para aumentar la gestión pública en el sector: también obliga a aumentar progresivamente la participación del Estado en Red Eléctrica de España hasta alcanzar el 100%. En todo caso, también establecen varias medidas para la participación de la sociedad en el sistema eléctrico.

Además del fin del llamado 'impuesto al sol' y la simplificación de trámites para facilitar el autoconsumo --con redes compartidas y esquemas de retribución de energía vertida a la red--, obligan a que todo nuevo proyecto de renovables deje participar en la inversión a ayuntamientos, vecinos, cooperativas y pymes locales, y posibilitan que se otorguen ayudas directas a la inversión en instalaciones de pequeña potencia, promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas de consumo.

Por otro lado, proponen reestructurar la tarifa eléctrica y de gas, limitando hasta un 25% el término fijo, con el fin de gravar más un mayor consumo de electricidad y rediseñar el bono social eléctrico, con un único criterio: la renta per capital del hogar vulnerable. Bajo este mismo criterio se crea un bono social para el gas y una tarifa especial para el agua. Unidos Podemos propone que el coste de financiación sea asumido por las empresas operadoras en cada sector.

Junto con estas medidas de carácter energético, la ley recoge otras destinadas a la mitigación del cambio climático, tal y como han explicado los impulsores de este texto, los portavoces del grupo confederal de Medio Ambiente y Energía, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde y el de En Comú Josep Vendrell, respectivamente.

PRESUPUESTOS QUINQUENALES DE CARBONO

Entre ellas, está el establecimiento de unos objetivos "ambiciosos" en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética en los horizontes de 2030 y 2050. En 2030, se establecen un objetivo de la reducción de emisiones de CO2 del 35% con respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de origen renovable; mientras que e 20 años después estos porcentajes deberán alcanzar el 95% y el 100%, respectivamente.

Además, proponen que se elabore, cada cinco años, unos "presupuestos de carbono" desglosados por sectores para los cinco siguientes y exigen al Gobierno la elaboración de un Plan Nacional de Eficiencia Energética que, entre otras medidas, incluya la rehabilitación energética anual de un mínimo de 200.000 viviendas, priorizando la actuación en los hogares y barrios más vulnerables.

Unidos Podemos ha destacado, en este sentido, un estudio elaborado por CC.OO. en el que se determina que esta medida de rehabilitación de viviendas podría suponer la creación de hasta 500.000 puestos de trabajo.

La norma también recoge una de las medidas más defendidas por el grupo confederal en materia de Medio Ambiente, el cierre de las nucleares. En concreto, el texto prohíbe la ampliación de explotación de las centrales nucleares en funcionamiento y de otorgar nuevos permisos, de manera que antes de terminar el año 2024 no haya centrales operando en el país. También se plasma el cierre de las centrales térmicas de carbón con fecha límite el 31 de diciembre de 2025.

La ley también exige una Estrategia Nacional de Residuos; medidas para la mitigación en los sectores agrícola, ganadero y en el de la pesca; la creación de un Fondo de Financiación Verde, para financiar las medidas en materia de cambio climático, y medidas de adaptación a este fenómeno.

UNA LEY "TRANSVERSAL"

En este último punto ha insistido López de Uralde, quien ha destacado la relevancia de que la sociedad se adapte a aquellos cambios que el clima ya ha provocado y por los que ya no se puede hacer nada, como pueden ser las consecuencias registradas en la costa, en sectores como la agricultura, que han cambiado en los últimos años por este motivo, o la escasez de agua.

Según Vendrell, se trata de una ley "transversal" que aborda muchos sectores y que consideran muy completa. Por ello, según han apuntado, han enviado al Gobierno, este jueves, el texto, con el objetivo de tenderles la mano y mostrarle su intención de dialogar en torno a una ley lo más completa posible en este aspecto. El Gobierno ya ha anunciado que presentará próximamente su proyecto de ley sobre esta materia.

Lo que sí descarta Unidos Podemos es tener en cuenta la norma que el PP también ha presentado en las últimas semanas en el Congreso. "No tiene ningún contenido en materia energética", han explicado.