Las firmas Junior Aabar, de Abu Dabi, y Edgeworth, de un inversor iraní, ofertaron por estos activos
MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Mercantil número 9 de Madrid ha anunciado la apertura del plazo para la presentación de ofertas para adquirir la Ciudad Financiera del Banco Santander, proceso que se enmarca dentro del plan de liquidación coordinado de su dueño, Marme Inversiones 2007.
El plazo para la formulación de ofertas es de quince días hábiles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hecho que ha ocurrido este miércoles, y sin computar el mes de agosto, por lo que los interesados tienen hasta el próximo 17 de septiembre para lanzar sus propuestas de compra.
El fondo Junior Aabar, controlado por IPIC de Abu Dabi, y la sociedad luxemburguesa Edgeworth Capital, liderada por el inversor iraní Robert Tchenguiz, que presentaron sus ofertas por primera vez en 2015, deberán ratificar sus propuestas en caso de que continúen interesados.
La entidad presidida por Ana Botín acordó el 12 de septiembre de 2008 la venta de sus oficinas centrales en Boadilla del Monte a Marme Inversiones 2007 por 1.904 millones de euros. Simultáneamente, el banco formalizó con esta sociedad un contrato de arrendamiento por un plazo de obligado cumplimiento de 40 años durante los que la renta, que se fijó en su momento en 6.891 euros al mes, se actualizaría anualmente de acuerdo al IPC.
Asimismo, el contrato incorporaba la opción de compra ejercitable por Santander al vencimiento del periodo de obligado alquiler por el valor de mercado que tuviera la Ciudad Financiera.
No obstante, en marzo de 2014, Marme Inversiones 2007 se declaró en concurso de acreedores, proceso que sería aprobado por el Juzgado en octubre de 2015 y tras lo que se inició un plan de liquidación coordinada. Desde entonces, se han presentado innumerables recursos, como el de Santander por ejercer su derecho de tanteo que más tarde sería retirado.
La sociedad aparece en la última actualización de la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, con una deuda que asciende a 27,08 millones de euros.
La decisión del Juzgado Mercantil de abrir el plazo para presentar ofertas para la adquisición de este activo en manos de la sociedad en bancarrota apunta a que el desbloqueo de esta complicada situación está cada vez más cerca.
Según se desprende del documento, la venta de la unidad productiva se configura como la primera opción de liquidación con el objetivo de mantener la continuidad de la actividad del grupo, entendido como un factor "beneficioso" para la sociedad al evitar la destrucción del tejido empresarial y lograr bajo otro manto su continuidad y la no destrucción de los puestos de trabajos.
EL PROCESO
Las ofertas de adquisición que se formulen deberán comprender todos los activos de la sociedad en concurso, incluidos los créditos litigiosos contra terceros y de terceros; así como la asunción de todos los pasivos en su conjunto.
En este sentido, el interesado podrá optar por pagar al acreedor la cantidad reclamada por este, transigir los créditos litigiosos de forma que a afectos concursales no sean exigibles, depositar la cuantía total en la cuenta de consignaciones del Juzgado a la espera de la resolución o asegurar el pago de la cuantía íntegra mediante garantía a primer requerimiento de una entidad financiera.
De igual forma, las sociedades interesadas deberán comprometerse a asumir los costes fiscales de la operación, incluso aquellos impuestos que recaigan en la transmitente y los propios de la transmisión de la titularidad de los bienes enajenados.
La cantidad ofrecida y las condiciones particulares, como puede ser la forma de pago, tendrán que estar identificados "con claridad" y se deberán indicar las garantías de cumplimiento de las obligaciones asumidas. Además, el oferente está obligado a acreditar la solvencia necesaria para financiación de la adquisición.
Los interesados deberán presentar ante el Juzgado un depósito en efectivo de 20 millones de euros, que será indispensable para poder concurrir. Alternativamente se admitirá un aval bancario a primer requerimiento por dicho importe proveniente de una entidad financiera supervisada por una autoridad de un país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que haya obtenido la calificación de 'investment grade' en sus obligaciones a corto plazo.
El oferente debe tener en cuenta que el incumplimiento de los términos y las condiciones de la que sea identificada como la mejor oferta, o la no formalización de la misma por causas imputables al oferente, incluida la no obtención de la financiación necesaria para la adquisición, será determinante de la pérdida del depósito.
ELECCIÓN DEL GANADOR
El segundo día hábil siguiente al vencimiento del plazo, es decir, el 19 de septiembre de 2018, la administración concursal se hará cargo de las ofertas y, en caso de que la agenda judicial lo permita, se procederá a la apertura de las mismas a presencia del letrado, extendiéndose acta de las propuestas recibidas.
La administración concursal realizará un examen, facilitará la subsanación de errores y la rectificación de los extremos que permitan la admisión y ejecución de la oferta y proclamará el resultado dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Los ofertantes iniciales, que son Aabar y Edgeworth, deberán ratificar sus ofertas asumiendo el contenido del plan de liquidación presentado este miércoles. "De no presentarse nuevas ofertas, se entenderá aprobada la presentada por estos prestamistas", indica el texto.
Cualquier oferta que pretenda mejorar la actual, que deberá superar el importe en tramos mínimos de 20 millones de euros, tendrá que implicar también aspectos como el compromiso de que la sociedad en concurso deje de ser insolvente o la adquisición indirecta de todos los activos y pasivos.
