Se quejan de baja cotización, desigualdad, ERE, condiciones laborales y productos tóxicos
VALENCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Accionistas, representantes de los trabajadores y asociaciones de consumidores han acusado al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, de intentar "salvar al soldado (Rodrigo) Rato" en la Audiencia Nacional en el juicio que investiga la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011 y le han planteado "parar la venta" de Bankia para quedarse como banca pública.
Así lo han expuesto diversos asistentes a la Junta General de Accionistas que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia, donde han tenido la oportunidad de intervenir para expresar sus planteamientos. Durante el acto, algunos de los intervinientes también han lamentado que "la cotización no va bien" y que siempre se alega "problemas ajenos".
Por su parte, los representantes de los trabajadores de Bankia han recordado las consecuencias de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la entidad sobre las familias y han aprovechado para pedir que abra un programa de vacantes que posibilite el retorno de trabajadores, así como el acercamiento de aquellos que se han tenido que desplazar a otra zona geográfica como consecuencia de la reorganización del negocio.
Además, le han echado en cara la contratación de 200 personas para "atraer talento" sin tener en cuenta a los afectados por el ERE. "Actuar sin pensar es como disparar sin apuntar", le han espetado. También le han reclamado mejores condiciones laborales, mayor conciliación y más igualdad entre hombres y mujeres para superar el 'techo de cristal'.
Desde el punto de vista de los consumidores, representantes de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) han acusado a Bankia de no ofrecer soluciones "claras y sencillas" como ofreció en la anterior Junta de Accionistas y han criticado que "solo ofrece soluciones en los tribunales". "Es lo único que entiende, no atiende reclamaciones extrajudiciales", han asegurado.
Por otra parte, Bankia también ha sido acusada de dar créditos a empresas armamentísticas por valor de 125 millones de euros y se le ha exigido "dejar de financiar el negocio de la guerra".
