MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA) han comunicado su intención de tomar acciones legales para aclarar la intervención del banco en 2015 y "responsabilizar" de parte del daño causado a la FinCEN, agencia dependiente del departamento del Tesoro estadounidense.
En un comunicado, los accionistas han destacado que es necesario que FinCEN justifique por qué dictó la notificación de intervención y que aporte al juez "todas las pruebas y documentación concreta" que conllevó esa actuación.
Además, consideran que "no basta" con la retirada del aviso sobre blanqueo de capitales, pese a que era uno de los objetivos que se perseguían cuando se emprendieron las acciones legales contra el FinCEN. "La familia Cierco quiere aclarar también las circunstancias que han rodeado al caso", indican.
Los accionistas recuerdan que el pasado viernes se celebró un encuentro presencial entre los representantes legales de ambas partes y el juez asignado al caso. En el encuentro, los abogados del departamento de Justicia de EE.UU. que defienden los intereses de la FinCEN "dejaron entrever", según los afectados, "que la reclamación efectuada por los accionistas mayoritarios de BPA ya no tenía razón de ser, después de haber dejado sin efecto la nota del 10 de marzo".
EFECTO "DRAMÁTICO"
Por el contrario, el equipo jurídico que asesora a la familia Cierco insistió en que la comunicación del FinCEN "tuvo un efecto dramático y provocó un daño irreversible al banco" y que, en consecuencia, la agencia estadounidense debe asumir su responsabilidad.
"Seguiremos manteniendo esta afirmación y seguiremos todas las vías que proceda para dar luz a un proceso opaco e injusto realizado por la FinCEN", ha señalado Eric Lewis, coordinador del equipo jurídico de la familia Cierco.
Desde su punto de vista, la manera de actuar de la FinCEN "le permite controlar el sistema financiero global causando perjuicios devastadores sin ningún tipo de supervisión ni control, ni dando la opción a los afectados a defender su posición".
El juez ha acordado un nuevo calendario para que las partes puedan aportar los argumentos necesarios para justificar si es necesario o no seguir con el proceso.
Los accionistas mayoritarios de BPA consideran que no se puede cerrar un caso sin saber por qué se abrió y entienden como fundamental aclarar qué llevó a la FinCEN a actuar para depurar también la responsabilidad "exacta" de la administración andorrana en el caso.
Este elemento, inciden, "es fundamental" en el marco de la reclamación económica que los accionistas mayoritarios de BPA han realizado contra el gobierno de Andorra y el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).
