MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Junta Única de Resolución (JUR), creada hace tres años y que actualmente tiene responsabilidades sobre 140 entidades, cuenta con una serie de deficiencias en su funcionamiento, comprometido por la "grave falta de personal" de la institución comunitaria que se encargó en junio de la liquidación de Banco Popular, según señala un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo.
De hecho, los auditores de la UE subrayan que el establecimiento de la JUR con la finalidad de garantizar la resolución de los bancos en la UE, "es todavía en muchos aspectos un proceso en marcha", añadiendo que se detectaron deficiencias en la calidad de las normas y directrices generales de la JUR, la planificación de la resolución de entidades individuales y al evaluar si cuenta con personal adecuado.
No obstante, el Tribunal puntualiza que la JUR ha tenido que hacer frente a grandes responsabilidades en un periodo corto de tiempo. "La creación de la JUR desde cero supuso un desafío muy importante y, si bien sus insuficiencias deben verse en ese contexto incipiente, aún queda mucho camino por recorrer", ha indicado Kevin Cardiff, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.
La auditoría denuncia la "grave falta de personal" que sufre la JUR, señalando que los objetivos para 2017 en esta materia no eran realistas, dadas las dificultades registradas en la contratación, cuyos retrasos han afectado negativamente a todos los ámbitos de actividad de la institución comunitaria.
"La situación es especialmente grave en el caso de la contratación de expertos en resolución y en políticas, pues las necesidades en estos ámbitos se infravaloraron en 2015 y 2016", apunta el auditor, que también hace hincapié en la "carencia grave" de personal informático y de secretaría.
"Debido a la falta de personal, no se ha completado un trabajo importante de formulación de políticas y directrices (...) provocando elevados porcentajes de horas extraordinarias", añade el informe, que recomienda acelerar los esfuerzos de contratación, particularmente en los puestos de dirección y mayor especialización, señalando que "si no es posible cumplir los objetivos en materia de personal, la JUR debería estudiar soluciones alternativas".
En este sentido, la JUR ha confirmado que la contratación supone un reto para la institución, debido a la lentitud de los procesos correspondientes, así como al limitado número de candidatos idóneos en un mercado de trabajo extremadamente competitivo y a la falta de solicitantes que deseen trabajar para la JUR con contratos temporales.
Asimismo, la JUR también ha informado al Tribunal de que no cumplirá sus objetivos en materia de personal para 2017, lo que dificulta cumplir plenamente su mandato legal, y que, incluso en 2020, el número total de efectivos no será el considerado necesario para que pueda cumplir plenamente sus obligaciones
DEFICIENCIAS.
Por otro lado, la auditoría señala las deficiencias detectadas en los trabajos preparatorios de todos los mecanismos de resolución que pueden ser necesarios, indicando que los planes adoptados hasta la fecha no cumplen las normas previstas en el código normativo único.
En este sentido, el Tribunal recomienda a la JUR definir en primer lugar cuándo elaborar el primer plan de resolución plenamente conforme con el código normativo único para cada banco y aplicar un orden de prioridad según el riesgo de inviabilidad.
Asimismo, los auditores consideran que cada plan tendría que abordar la resolubilidad de la entidad afectada, la definición de los obstáculos importantes, así como la factibilidad y credibilidad de las estrategias de resolución elegidas.
Además, el informe también recomienda a la JUR completar un sistema de normas y orientaciones para la planificación de la resolución, incluida una política para establecer los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles de los fondos. "Es necesario elaborar o actualizar, en su caso, las orientaciones y el manual de planificación de una resolución", añade.
Por otro lado, el Tribunal advierte acerca de la falta de claridad en la cooperación con las autoridades nacionales de resolución, señalando que aún no está clara la división de tareas entre la JUR y las distintas ANR, mientras que se detectaron deficiencias del marco de cooperación con el BCE.
RESPUESTA DE LA JUR.
Por su parte, la institución presidida por Elke König considera necesario destacar los retos a los que tuvo que enfrentarse durante sus dos primeros años de funcionamiento, así como los importantes avances que ha logrado junto con las ANR, señalando que los elementos relativos a planes de resolución examinados por el Tribunal fueron redactados en 2016, de modo que sus conclusiones no reflejan los avances efectuados durante el ciclo de planes de resolución de 2017.
"Muchas de sus conclusiones se han integrado en los planes de resolución elaborados este año", señala la institución, que tiene previsto contar con planes de resolución plenamente conformes para todos sus bancos a más tardar en 2020.
En cuanto a sus dificultades de personal, la JUR señala el importante esfuerzo realizado en esta materia en 2017, contratando a unas 160 personas, incrementando su plantilla hasta 306 miembros a principios de 2018.
