MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Banco de España ha contratado los servicios de un asesor jurídico y dos firmas expertas en la elaboración de informes periciales en el marco del procedimiento arbitral interpuesto contra el Reino de España por el grupo de inversores afectados por Banco Popular liderados por Antonio del Valle.
El pasado mes de junio, el Banco de España firmó un convenio con el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el entonces Ministerio de Economía y Empresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para defender sus intereses en los procedimientos arbitrales internacionales impulsados por el grupo de inversores mexicanos (MIG) liderado por Antonio del Valle.
Según la información de la Plataforma de Contratación del Estado consultada por Europa Press, este lunes el Banco de España ha adjudicado tres contratos en el marco de dicho procedimiento, todos ellos negociados sin publicidad y tramitados por el procedimiento urgente.
El Banco de España ha contratado los servicios de asistencia jurídica de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton por un precio que ascenderá a un máximo de 2,2 millones de euros. El plazo de ejecución estimado es de ocho años, aunque durará desde la firma del contrato hasta que finalice el procedimiento arbitral.
Asimismo, ha contratado a la firma Versant Partners (UK) por 450.000 euros como perito especialista en valoración para la emisión de informes periciales relacionados con las funciones del Banco de España y, en particular, valoración de garantías para la provisión de liquidez de emergencia. El plazo de ejecución de este contrato es de seis años.
Por otro lado, pagará 180.000 euros a la experta en regulación bancaria Rosa María de la Lastra Leralta para la emisión de informes periciales relacionados con las funciones del Banco de España y la provisión de liquidez de emergencia y el Mecanismo Único de Supervisión.
El grupo inversor mexicano, denominado MIG, presentó en agosto de 2018 dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución de Banco Popular y posterior venta de la entidad a Banco Santander al precio de un euro incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).
Meses después, el MIG decidió unificar los dos arbitrajes iniciados contra el Reino de España, que ahora se integran en un único procedimiento, el llevado a cabo conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).
El MIG está compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión que tenían, en términos agregados, en torno al 4% del capital del banco resuelto, por valor de unos 470 millones de euros, que buscan compensación por los daños causados por la pérdida de su inversión.
El grupo mexicano culpó al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de la "destrucción completa" de sus inversiones al causar la resolución del Popular por "múltiples actos y omisiones antes, durante y después".
