RIGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El banco letón ABLV Bank, en proceso de liquidación voluntaria, después de ser declarado "no viable" por el Banco Central Europeo (BCE), ha presentado cuatro solicitudes junto a sus dos principales accionistas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) con el objetivo de examinar y aclarar las decisiones adoptadas por el instituto emisor de la eurozona y la Junta Única de Resolución (JUR) que forzaron la resolución de la entidad.
Las cuatro solicitudes han sido remitidas al TUE, dos referidas a la actuación del BCE y otras dos acerca de la intervención de la JUR, por la oficina alemana de DLA Pipper en representación de ABLV Bank y de los dos mayores accionistas de la entidad, los banqueros Ernests Bernis y Olegs Fils, que conjuntamente controlan el 87% del capital social del banco.
Los abogados de ABLV Bank señalaron la existencia de "problemas importantes" sobre los que solo los tribunales europeos cuentan con autoridad para ofrecer directrices y destacando la importancia de "crear la certidumbre legal" tras las decisiones del BCE y la JUR. "La orientación del Tribunal sobre estos problemas beneficiará a todos y no cabe duda de que también será bienvenida por el BCE y la JUR", apuntaron.
En este sentido, los solicitantes reclaman al TUE que resuelva si corresponde a la JUR y al BCE decidir si un banco debe ser liquidado de acuerdo con sus correspondientes leyes nacionales.
Otra cuestión clave es si la declaración de no viabilidad emitida estaba justificada, señala la documentación, después de que el Tribunal Comercial de Luxemburgo haya rechazado la evaluación a este respecto de las autoridades financieras de la zona euro, según señala el banco letón.
Asimismo, la entidad recuerda que ni el BCE ni la JUR criticaron la posición de liquidez de ABLV ni la rentabilidad del banco. "Simplemente asumieron unos potenciales problemas en el futuro", añade la entidad letona, señalando que en el caso de su filial luxemburguesa el Tribunal Comercial de Luxemburgo ha calificado esta evaluación como "simple especulación".
"ABLV y su filial en Luxemburgo no eran ni ilíquidas ni su iliquidez era inminente en un futuro previsible", defienden los solicitantes, añadiendo que ambas entidades se encontraban "en una posición extraordinariamente fuerte no solo en cuestión de rentabilidad como de liquidez", explicando que simplemente experimentaron una serie de retrasos en cuanto a su acceso a liquidez a raíz de la falta de claridad por parte del BCE sobre su postura en relación con las acusaciones vertidas por el Departamento del Tesoro de EEUU.
MORATORIA DEL BCE.
El pasado 19 de febrero, el BCE impuso una moratoria sobre las operaciones de ABLV Bank, lo que implicaba la prohibición temporal de realizar pagos, después de que el tercer mayor prestamista del país báltico fuera acusado por EEUU de lavado de dinero.
Sobre esta cuestión, en su momento, la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, se limitó a precisar que el mandato del organismo de control bancario no incluye la lucha contra las actividades relacionadas con el blanqueo de dinero, recordando que los Estados de la Unión Europea (UE) "eligieron mantener la responsabilidad de combatir el blanqueo de dinero a nivel nacional".
A este respecto, los solicitantes alegan que el BCE no respondió con prontitud ni de manera adecuada cuando el entonces gobernador del Banco de Letonia, Ilmars Rimsevics, reclamó que nadie fuera autorizado a realizar transacciones con ABLV tras la acusaciones estadounidense, lo que provocó retrasos temporales en la operativa de la entidad.
"Ha quedado claro a consecuencia de la reciente audiencia ante el Parlamento Europeo de que las instituciones europeas no estaban preparadas para la situación especial provocada por las conclusiones del Tesoro de EEUU", señala la entidad letona, añadiendo que la presentación de estas solicitudes ante el TUE no implica suspender el proceso de liquidación voluntaria iniciado, aunque subrayó la importancia del proceso para la reputación del banco, sus empleados, así como de cara a reclamar potenciales pérdidas si el Tribunal falla a favor de la entidad y sus accionistas.
