BRUSELAS, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha alertado este miércoles del "problema estructural" en la UE para evitar que bancos europeos sean utilizados para actividades de lavado de dinero y ha reclamado esfuerzos a los gobiernos para aplicar correctamente las normas europeas contra el blanquero de capitales y atajar el problema.
El vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovkis, ha constatado que el análisis del Ejecutivo comunitario arroja "más pruebas" de que las normas "sólidas" de la UE contra el lavado de dinero "no se han aplicado por igual en todos los bancos ni en todos los países de la UE".
"Por tanto, tenemos un problema estructural en cuanto a la capacidad de la Unión para evitar que el sistema financiero se utilice con fines ilícitos. Este problema debe tratarse y resolverse cuanto antes", ha avisado el comisario.
Dombrovkis ha dejado claro que para "mantener la integridad del sistema financiero europeo y reducir los riesgos para la estabilidad financiera" resulta "fundamental" contar con "un marco creíble de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo" y combatir "contra esos fenómenos".
El Ejecutivo comunitario, que ya planteó reforzar los poderes de supervisión de la Autoridad Bancaria Europea en este terreno, ha constatado una serie de deficiencias "estructurales" en la aplicación de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo europeas. También ha observado deficiencias en los mecanismos actuales de supervisión y cooperación contra el blanqueo de capitales --más notables en casos transfronterizos-- en varios informes publicados este miércoles y ha reclamado a los gobiernos que apliquen las normas en su totalidad y atajen el problema.
"Tenemos normas estrictas a nivel europeo sobre el blanqueo de capitales, pero necesitamos que todos los Estados miembros las ejecuten sobre el terreno. No queremos que haya ningún punto débil en la UE que los delincuentes puedan aprovechar", ha apostillado la comisaria de Justicia, Vera Jourová, que ha dejado claro que los gobiernos deben implicarse de forma "urgente" tras los "escándalos recientes" de lavado de dinero.
Entre otros, el Ejecutivo comunitario alerta de las vulnerabilidades que representan los productos anónimos, la identificación de los titulares reales y los nuevos productos no regulados, como los activos virtuales, aunque confía en que algunos se resuelvan a través de la quinta directiva contra el blanquero de capitales.
Tras un análisis de diez casos recientes de lavado de dinero que afectan a bancos de la UE, el Ejecutivo comunitario constata que "en varios casos" analizados los bancos no respetaron o incumplieron los requisitos para combatir el blanqueo de capitales, carecían de mecanismos internos adecuados para impedir el problema y existía una falta de coordinación tanto a nivel de entidades individuales como de grupo respecto de sus políticas cuando tenían modelos de negocio de riesgo.
Por lo que se refiere al papel de supervisión de las autoridades nacionales, el Ejecutivo comunitario ha constatado que la respuesta ha sido "muy dispar" porque hay "grandes discrepancias" respecto a los recursos y herramientas, pero también a la hora de priorizar y afea que la supervisión se limitara con frecuencia a los grupos bancarios y se desatendieran los casos transfronterizos. También ha criticado la cooperación "ineficaz" entre las autoridades responsables de la lucha contra el blanquero de capitales, las autoridades prudenciales, las unidades de inteligencia financiera y las fuerzas de seguridad.
El Ejecutivo comunitario ha instado a los gobiernos a trasponer "íntegramente" la cuarta directiva 'antiblanqueo' y a que respetan sus recomendaciones para mejorar la cooperación entre los supervisores.
Bruselas también considera que se debe sensibilizar más a las entidades sujetas a obligaciones, aunque ve necesario avanzar en la armonización para evitar la fragmentación normativa actual y reforzar la supervisión y la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera, que sigue siendo insuficiente y demasiado lenta. En ocasiones no pueden acceder a la información pertinente, ya sea financiera, administrativa y policial y no cuenta con herramientas informáticas para poder exportar y enviar la información.
La Comisión plantea crear un sistema descentralizado con una plataforma común para interconectar los registros de cuentas bancarias y sistemas de recuperación de datos, algo que requeriría una propuesta normativa y el visto bueno de los gobiernos.
Además de España, también deben completar la notificación de las medidas Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
La primera ministra moldava, Maia Sandu, ha reclamado precisamente este miércoles el apoyo de los países europeos para combatir el lavado de dinero tras el robo en 2015 de 1.000 millones de dólares de los tres principales bancos moldavos --el Banca de Economii, Unibank y Banca Sociala--.
"Parte del dinero acabó en bancos y cuentas en países de la UE", ha justificado desde Bruselas la primera ministra moldava, que ha reconocido que "la corrupción es el principal desafío" en Moldavia y ha lamentado que no se haya recuperado todavía "ni un centavo ni ninguna persona haya sido castigada" por el escándalo bancario.
"Tenemos que recuperar el dinero robado. Todo el mundo en Moldavia sabe quién robó el dinero", ha subrayado, al tiempo que ha agradecido el apoyo de la UE al país, cuyo nuevo Gobierno aspira a nombrar un nuevo Fiscal General y reforzar las capacidades del país para "combatir" y "poner fin" a los casos de corrupción descubiertos "cada día" en el país, que afecta a empresas públicas e instituciones públicas.
La Comisión ha aprobado una ayuda de 40,25 millones de euros para fortalecer las instituciones moldavas para combatir la corrupción, promover el desarrollo socioeconómico local y para aplicar el acuerdo de asociación y libre comercio con la UE.
