MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las plataformas de financiación participativa, conocidas como 'crowdfundings', y los intermediarios en alquileres con renta mensual superior a 10.000 euros serán considerados como sujetos obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo de capitales.
Así lo indica el anteproyecto de ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que ha sido aprobado este viernes en Consejo de Ministros y que supone una adecuación de la normativa europea al marco jurídico español.
Esta nueva norma, que volverá al Consejo de Ministros como proyecto de ley y pasará después por tramitación parlamentaria, insta, además, a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos a esta Ley.
Concretamente, contempla que los bancos, las aseguradoras y los despachos de abogados, entre otras entidades, deberán crear mecanismos de denuncia interna, al tiempo que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) contará con un sistema para recibir y canalizar denuncias.
IGUAL VIGILANCIA PARA PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
Por otra parte, la nueva norma aumentará la vigilancia para los ciudadanos españoles con responsabilidad pública. Actualmente, las personas con responsabilidad pública extranjeras son sometidas a un seguimiento especial por parte de las entidades financieras, mientras que respecto a las nacionales se establece un enfoque caso por caso, dependiendo del producto que se contrate.
Con la nueva norma, se unificará el criterio para extranjeros y nacionales con responsabilidad pública, de forma que todas estas personas pasarán a considerarse como de alto riesgo.
Esta norma afectará a personas que desempeñen responsabilidades públicas y a los que lo hayan hecho, según explicaron fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el momento en que se sometió el anteproyecto de la norma a consulta pública, que no especificaron el número de personas que pasarían a estar más controladas.
Además, el anteproyecto contempla un aspecto que no está incluido en la directiva europea, que es la revisión del contenido y de los usuarios del Fichero de Titularidades Financieras, la base de datos en la que constan las cuentas corrientes abiertas en entidades financieras en España, que se actualiza mensualmente y a la que se incorporarán las cajas de seguridad y las cuentas de pago.
Asimismo, se creará un registro de prestadores de servicios a sociedades, que contendrá los sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de domicilio, entre otras.
El anteproyecto permite establecer bases o sistemas comunes de almacenamiento de datos recabados en los procesos de identificación de clientes, lo que permitirá a las entidades ahorrar recursos.
Asimismo, se revisa el régimen de sanciones en el caso de incumplimiento de estas normas, desde la actual cifra del 5% del patrimonio neto de la entidad hasta el 10% del volumen de negocio consolidado del grupo. Tambén se reforzarán los sistemas de cooperación entre supervisores europeos dedicados a esta materia.
