BRUSELAS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo europea, Emily O'Reilly, ha criticado este miércoles un contrato de la Comisión Europea con la firma estadounidense de gestión de inversiones BlackRock para acometer un estudio sobre la integración de los factores ambientales en la supervisión bancaria europea, al entender que incurre en un conflicto de interés.
La alta funcionaria irlandesa ha puesto el foco sobre un contrato que se otorgó a BlackRock en un área de interés financiero y regulatorio para el gigante estadounidense. "Un contrato con una empresa para realizar un estudio que dará contenido a una política que va a regular el sector de dicha compañía debería ser objeto de un escrutinio significativamente mayor de la Comisión", ha señalado O'Reilly.
Por ello ha pedido que la Comisión mejore sus directrices para evaluar a los licitadores de contratos relacionados con las políticas públicas tras lamentar que podía haber hecho más para discernir si existía conflicto de interés.
A juicio de la Defensora del Pueblo, Bruselas debería reforzar las normas que definen el conflicto de interés, ya que las reglas actuales no son lo suficiente claras ni robustas para permitir a los funcionarios comunitarios hallar conflictos de interés, salvo en cuestiones profesionales muy concretas.
Por su parte, la Comisión Europea han asegurado tomar nota del informe presentado por O'Reilly. "No se encontró una mala práxis y viene a confirmar lo que decimos: aplicamos las reglas en su totalidad y de manera justa", ha señalado el portavoz de Servicios Financieros de la Comisión, Daniel Ferrie.
"Estudiaremos en detalle las recomendaciones hechas. Estamos comprometidos con la transparencia y publicaremos pronto un informe interno sobre el caso", ha añadido.
VERDES CRITICAN EL "ESCÁNDALO"
Al respecto de este caso, el Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo han pedido que Bruselas cancele el contrato, después de calificar el dictamen de la Defensora del Pueblo es "una victoria en la lucha contra los conflictos de intereses y por la integridad de las políticas públicas".
"No es de extrañar que la Defensora del Pueblo reconozca el flagrante conflicto de intereses en el contrato de la Comisión con BlackRock para llevar a cabo un estudio sobre las finanzas sostenibles. Esta decisión es clara: la Comisión debe sacar las consecuencias y cancelar el contrato inmediatamente", ha asegurado el eurodiputado español Ernest Urtasun.
En esta línea, Los Verdes han pedido que se revise el reglamento financiero de tal manera que un "escándalo" de este tipo no pueda volver a ocurrir. "El problema de los conflictos de intereses no se limita a este caso particular, es sistémico. Como, además, recomienda la Defensora del Pueblo, deben reforzarse las normas europeas sobre la prevención de conflictos de intereses, en particular en los procedimientos de contratación pública", ha añadido Urtasun.
La investigación de la Defensora del Pueblo surgió tras una reclamación de un eurodiputado verde el pasado mes de abril. El grupo puso el acento en el contrato otorgado por la Comisión Europea a BlackRock para llevar a cabo un estudio sobre la integración de los factores sociales y ambientales en la supervisión bancaria y los riesgos conexos de conflictos de intereses.
