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MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Banco de España está estudiando si debe abrir expediente sancionador a diferentes entidades bancarias a resultas de alguno de los más de 2.000 informes que ha emitido entre julio de 2013 y enero de 2014 dando la razón a clientes que habían presentado quejas relacionadas con las cláusulas suelo.
Así lo señala el Gobierno al portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso, Antonio Hurtado, en respuesta a la valoración que el diputado andaluz pidió al Ejecutivo sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado año declarando nula la aplicación de cláusulas suelo sin los necesarios requisitos de transparencia.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo recuerda que tras el fallo judicial pidió al Banco de España que prestara "especial atención" a su cumplimiento y menciona un informe del pasado 19 de febrero, en el que el supervisor comunica que durante el segundo semestre de 2013 y el mes de enero de este ejercicio el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones emitió más de 2.000 informes favorables a los reclamantes en expedientes relacionados con las cláusulas suelo.
De ellos, una tercera parte se referían a incumplimientos normativos, mientras que el resto se derivaban de "quebrantamientos de las buenas prácticas bancarias".
Ante esta cifra, y al margen de que este tipo de condiciones contractuales sean vigiladas específicamente dentro del Plan Anual de Supervisión 2014 del Banco de España, la Dirección General de Supervisión ya está "analizando" los diferentes expedientes para "detectar si hubiera indicios que justifiquen la incoación de expedientes sancionadores", añade el Gobierno.
LAS NULIDADES DEBEN SER JUDICIALES
No obstante, también recuerda que el TS no ha declarado nulas las cláusulas suelo de forma general, sino que únicamente obliga a que se cumplan unos requisitos de "especial transparencia" que el Ministerio de Economía precisó como la necesidad de que los préstamos hipotecarios que incluyan estas condiciones deban contener, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita por la que el prestatario manifieste que ha sido "adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato".
Para valorar si esas advertencias han sido las adecuadas, el Alto Tribunal estima que "no es suficiente con que las cláusulas de forma aislada sean comprensibles" sino que los consumidores deben ser informados explícitamente de que "cuando el tipo de interés baja a determinados niveles el préstamo se transforma en un préstamo a interés fijo variable solo al alza".
"También deben ser informados de forma clara y destacada, sin que las cláusulas puedan pasar inadvertidas al consumidor entre otras propias de un contrato tan complejo", recuerda el Ejecutivo que, por estos motivos, considera que la anulación de cláusulas suelo en un contrato hipotecario sólo podrá derivarse de un "pronunciamiento judicial caso a caso para determinar si la comercialización fue adecuada o no en función de la información trasladada al cliente".
De este modo, el Gobierno admite que no se producirá una eliminación generalizada de las cláusulas suelo ni tampoco la compensación a todos los titulares de hipotecas con estas condiciones por las rebajas de tipos impositivos de las que no se han podido beneficiar.
No obstante, recuerda que el Banco de España ha pedido a las entidades financieras que revisen la adecuación de todas las cláusulas suelo que tienen contratadas y que valoren el impacto que su eliminación tendría en su cuenta de resultados, además de haber comenzado a exigirles información sobre las medidas que están tomando en relación con este asunto.
En otra respuesta, en este caso al portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez-Gorriarán, el Gobierno añade además que la sentencia del TS se refería a ciertos préstamos hipotecarios concedidos, entre otras, por NCG Banco, que "procedió a su eliminación". Dado que dicha entidad está nacionalizada, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) solicitó al resto de entidades rescatadas que revisaran todas sus cláusulas suelo para ver si "se adaptan a los criterios establecidos" en el fallo judicial.
