La AEB pidió una adjudicación basada en cuotas de mercado, y la CECA apostó por precios públicos, según el informe del Consejo de Estado
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los bancos y las cajas de ahorro se opusieron a que el fondo de adquisición de activos financieros, al que el Gobierno destinará hasta 50.000 millones de euros, funcionase mediante el procedimiento de subastas, argumentando que esta fórmula no es la más adecuada para conseguir el objetivo del fondo --favorecer la liquidez y, por lo tanto, el crédito a empresas y ciudadanos--.
Así consta en el dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, relativo a la Orden Ministerial que desarrolla este fondo y que fue publicada ayer.
El dictamen recoge las opiniones de algunos sectores implicados y deja claras las reticencias de bancos y cajas, que argumentaron que vender activos financieros al Tesoro en subasta empujará al alza los tipos de interés de tales activos --ya que el Tesoro buscará obtener la mayor rentabilidad posible por ellos--.
Por esta causa, durante la discusión de la norma la Asociación Española de Banca (AEB) se mostró partidaria de una adjudicación de los fondos basada en "las respectivas cuotas de mercado de las entidades", cuotas que se medirían a partir de la rúbrica 'Crédito. Otros sectores residentes'.
Por su parte, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), propuso que las entidades acudieran "a un sistema con precios conocidos y públicos de antemano". Estos precios se definirían en función del plazo de los activos, a partir del "coste de financiación del Tesoro al referido plazo, más un pequeño margen para cubrir los costes de administración, más otro margen variable que suponga la prima de riesgo, más un margen de beneficio para el Tesoro Público".
Finalmente, la Orden ministerial aprobada ayer prevé que en cada subasta haya "ofertas competitivas", en función del tipo de interés que ofrezcan las entidades, pero también "no competitivas", hasta un 25 por ciento de la cantidad subastada, que se adjudicará entre las entidades en función de su contribución al crecimiento del crédito con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto por el que se creó el fondo.
Con esta modalidad, el Gobierno pretende fomentar que la compra de activos se traduzca en un aumento real del crédito para empresas y ciudadanos.
En su dictamen, aprobado el pasado jueves, el Consejo de Estado no se pronuncia sobre la conveniencia de las subastas, se limita a recordar que la decisión corresponde al Gobierno y que el procedimiento de subasta "se acomoda" a lo previsto por la legislación española y por el Real Decreto-Ley por el que se creó el fondo.
EL CONSEJO PIDIÓ NITIDEZ
El Consejo de Estado sí pedía más "nitidez" al Gobierno a la hora de definir las funciones del comité técnico que asesorará a la Comisión Ejecutiva que gestiona el fondo, y la redacción definitiva de la Orden deja claro que esa función es de "asesoramiento".
Ese comité técnico está formado por la directora general del Tesoro y Política Financiera, que será su presidenta; tres representantes del Banco de España, dos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dos subdirectores generales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y un representante del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En cada subasta, el comité técnico remitirá a la Comisión Ejecutiva un informe técnico que contenga una propuesta de adjudicación motivada, y será la Comisión la que finalmente tome la decisión, según consta en la Orden.
Sin embargo, según se desprende del dictamen del Consejo de Estado, en la redacción definitiva de la Orden se ha diluido el papel de este comité técnico para establecer el volumen nominal o efectivo que el Fondo adquirirá en cada subasta.
