MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) reprocha al Gobierno, "que tanto se escuda en la Constitución", que en dos años y medio de legislatura no haya puesto en marcha "medidas efectivas" para luchar contra los desahucios y garantizar el cumplimiento de este derecho constitucional, y por eso reclama en una iniciativa parlamentaria ampliar los criterios de acceso a la Ley Antidesahucios, aprobar una norma de Sobreendeudamiento personal y realizar estadísticas reales sobre los afectados por las ejecuciones hipotecarias.
En la proposición no de ley, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, los nacionalistas catalanes recuerdan la obligación que la Constitución impone a los poderes públicos de tomar medidas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, y critican que pese a ello "el Gobierno, que tanto se escuda en la Constitución, pocas medidas efectivas ha establecido en aras a solucionar el problema".
"En esta cuestión, el Gobierno ha realizado cambios pero todo sigue igual. Las medidas impulsadas hasta el momento son meros retoques cosméticos que no van al fondo del asunto", señala CiU, que recuerda que más de medio millón de españoles han sufrido ya una ejecución hipotecaria y unas 200.000 familias han sido lanzadas de sus viviendas.
Además, subraya que la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han provocado "cambios estructurales" en las condiciones de vida de los ciudadanos, muchos de los cuales se ven afectados por "una insolvencia sobrevenida y de buena fe" a la que el Ejecutivo "no da respuesta", de modo que "hoy conviven los desahucios con las viviendas vacías".
MEDIDAS CON "IMPACTO MÍNIMO"
Para ejemplificar sus afirmaciones, recuerdan el "impacto mínimo" del Código de Buenas Prácticas Bancarias que, por sus restrictivas condiciones, únicamente ha permitido 3.833 reestructuraciones de deuda o daciones en pago de las 14.368 solicitudes que se han presentado. Es decir, que sólo han beneficiado al 3% de las familias a las que se ha ejecutado la hipoteca desde la entrada en vigor del Código.
Además, a la moratoria de los lanzamientos sólo se han podido acoger 8.000 familias, que así han optado a una "medida temporal que no soluciona el problema sino que únicamente lo aplaza", sin evitar por ello que durante los dos años de margen se les sigan acumulando intereses de demora.
Y en cuanto al Fondo Social de Vivienda, que cuenta con la "irrisoria cifra" de 6.000 pisos, "sólo ha materializado 410 contratos en los primeros catorces meses de su existencia".
CAMBIOS NORMATIVOS
Por todo ello, CiU pide al Ejecutivo que amplíe los criterios objetivos y subjetivos para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas y al Fondo Social de Viviendas, de modo que se incremente el número de familias beneficiarias.
Además, reclama una Ley de Medidas para afrontar el Sobreendeudamiento familiar que adapte la Ley Concursal a las personas físicas y les permita liquidar de forma ordenada sus deudas, como sí pueden hacer las empresas; y modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular la figura de la "mediación obligatoria" en casos de desahucios por causas de insolvencia sobrevenida y de buena fe para que estas personas "dispongan de una segunda oportunidad para enderezar su situación".
"Las familias pierden sus hogares, muchas quedan excluidas de la vida civil, y no se ha acertado a articular ningún mecanismo de liquidación ordenada de sus deudas, ningún mecanismo de segunda oportunidad, como efectivamente tienen la mayor parte de los países de nuestro entorno", lamentan los nacionalistas catalanes.
FALTAN ESTADÍSTICAS
Finalmente, el Grupo Parlamentario Catalán, que como el resto de la oposición en el Congreso votó en contra de la Ley Antidesahucios por considerarla insuficiente, reprocha al Gobierno que dos años y medio después del inicio de la legislatura aún no haya mecanismos para "conocer la realidad de la situación", ya que no se han homogeneizado las bases de datos.
Por eso, en su iniciativa proponen "elaborar una base de datos eficaz que permita obtener una radiografía real del número de familias afectadas por desahucios y por lanzamientos, así como del número de familias que hayan solicitado y acordado una reestructuración de deudas y de las que hayan solicitado y acordado una dación en pago". Con esta información, dice, se podrían buscar soluciones en base a datos concretos sobre la realidad.
