MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Convergència i Unió (CiU) exigirá este miércoles a la Comisión de Economía del Congreso que pida al Gobierno cambios legislativos para que las comunidades de propietarios estén informados del inicio de un proceso de desahucio, de modo que puedan reclamar el cobro de las deudas que ese vecino tenga contraías con la comunidad.
Los nacionalistas catalanes alertan en su iniciativa, que recoge Europa Press, de que las viviendas y locales sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal que resultan desahuciados y, posteriormente, adjudicados a una entidad bancaria o a quien los adquiera en subasta están teniendo una "preocupante repercusión" sobre las propiedades de vecinos.
Y es que en muchos casos el desahuciado deja una deuda con la comunidad de la que no se hacen cargo los nuevos propietarios, quienes "en muchas ocasiones tampoco cubren" los gastos de comunidad que les corresponden, al menos mientras no haya un procedimiento judicial de requerimiento de pago, que es poco habitual por desconocimiento, por su elevado coste o por la prescripción del plazo.
De hecho, según datos del Consejo General de Administradores de Fincas de España y del Observatorio de las Comunidades de Propietarios, publicados el pasado mes de febrero, la morosidad en las comunidades de propietarios alcanzó los 1.798 millones de euros al cierre de 2013, un 11,9% más que un año antes, alcanzando la morosidad de entidades financieras, sociedades inmobiliarias y entidades públicas de gestión de vivienda los 341,62 millones, un 33% más que en 2012 y el 19% de la mora total.
PROBLEMAS VARIADOS
Este fenómeno genera problemas de diversa índole para los propietarios: deterioro del inmueble, perjuicio económico para el resto de vecinos, efecto contagio sobre otros propietarios que también dejan de pagar, problemas de convivencia, dificultades para mantener los servicios de limpieza o seguridad, e incluso bloqueo de la actividad administrativa de la comunidad de vecinas, que no tiene capacidad para realizar obras o aprobar presupuestos.
"Las comunidades de vecinos son acreedoras de esa deuda, por lo que la ley debe establecer los mecanismos que permitan garantizarles el conocimiento del inicio del procedimiento ejecutivo hipotecario así como garantizar que el ejecutante conoce la existencia de la deuda y su importe, para facilitar el cobro de la misma una vez finalizado el procedimiento", considera CiU.
Por eso, propone que el Gobierno impulse, en el plazo máximo de tres meses, las modificaciones normativas necesarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que las comunidades de propietarios estén informadas de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y locales sometidos a la normativa de propiedad intelectual, de modo que puedan emitir el correspondiente certificado sobre el estado de pagos a los efectos de garantizar el cobro de la deuda y evitar que prescriba.
