Los socialistas justifican su voto en contra por un cambio en la Ley de Cajas incluido en esta norma
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía del Congreso aprobará este jueves el proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito --que fundamentalmente transpone a la normativa española directivas comunitarias en materia de regulación bancaria-- con el rechazo del Grupo Socialista que, a pesar de las enmiendas acordadas con los 'populares', votará en contra de la norma por incluir un cambio en la Ley de Cajas.
El portavoz socialista de Economía, Valeriano Gómez, ha explicado a Europa Press que a pesar de que la negociación sobre el grueso del proyecto de ley ha sido "razonable" y se han aceptado o transaccionado "bastantes" propuestas del PSOE --como por ejemplo el compromiso de regular a futuro una mayor protección de los consumidores financieros--, finalmente el principal partido de la oposición no votará la norma.
Y es que el PSOE no entiende "a qué viene" introducir a través de este proyecto de ley un cambio en la normativa de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, que fue aprobada hace apenas cuatro meses, el pasado 27 de diciembre. "Y como no vemos razones para ello, no votaremos a favor del dictamen", ha apostillado Gómez.
DETERMINAR EL PROTECTORADO DE LAS FUNDACIONES
La enmienda de la discordia es la que establece que para determinar la actividad principal de una fundación bancaria a efectos de atribuir el protectorado al Ministerio de Economía o a la comunidad autónoma se tendrá en cuenta "tanto la implantación territorial de la obra social como la distribución territorial de los depósitos captados por las entidades de crédito en las que participe directa o indirectamente la fundación".
En concreto, la enmienda 'popular' determina que si durante los dos últimos años la fundación ha realizado al menos el 40% de su obra social o el 40% de los depósitos captados son de fuera de la comunidad autónoma donde tiene su sede, será la Administración General del Estado la que ejerza el protectorado. Lo mismo ocurrirá si en los dos ejercicios anteriores ha realizado al menos el 30% del gasto en obra social y de la actividad de la entidad de crédito en otros territorios.
"No podemos estar de acuerdo con esto, porque viola las competencias autonómicas y porque las entidades financieras ya son supervisadas por el Banco de España, y no tiene sentido que el Ministerio de Economía tenga el protectorado de la fundación, que sólo se encarga de la obra social con los rendimientos que obtiene de la actividad financiera en la que participa", ha señalado el exministro de Trabajo.
De hecho, ha recordado que durante la tramitación de la Ley de Cajas ya advirtieron de que este asunto estaba "mal clarificado" pero el partido mayoritario "no quiso arreglarlo". "Y ahora lo empeoran hasta el punto de hacer irreconocible el tema", ha añadido Gómez, que reconoce que en el resto de contenidos relativos estrictamente a la solvencia financiera la postura del PSOE está "en general bastante cerca" de la del PP.
Es más, el principal partido de la oposición decidió abstenerse en la votación de las enmiendas de totalidad que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC presentaron al proyecto de ley, y aceptó la oferta del ministro de Economía, Luis de Guindos, de introducir las modificaciones que pudieran enriquecer la legislación. Sin embargo, pese a que ese ofrecimiento de negociación se ha mantenido, PP y PSOE votarán una vez más por separado.
PASARÁ A TRAMITARSE EN EL SENADO
Sin embargo, el rechazo socialista, al que se sumará previsiblemente el de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), no impedirá que la norma salga adelante, gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP, por lo que tras el debate de este jueves el texto será remitido al Senado para continuar su tramitación.
Este proyecto de ley se estructura en torno a cuatro ejes: el régimen jurídico de las entidades y el funcionamiento de los órganos directivos (idoneidad, honorabilidad, gobierno corporativo, transparencia, compatibilidades o remuneraciones), la supervisión prudencial (adecuación de capital a los riesgos, control del Banco de España, nuevos colchones de capital o sanciones), las modificaciones de la Ley del Mercado de Valores para extender las medidas a las empresas de servicios de inversión, y los cambios en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el nuevo régimen de las participaciones preferentes.
Además, a través de enmiendas los 'populares' han propuesto que el Banco de España cobre una tasa a las entidades financieras para financiar los 32,64 millones de euros de gasto que se deriven de realizar las tareas relacionadas con los test de estrés que habrán de ejecutarse antes de la asunción por parte del Banco central Europeo (BCE) de sus nuevas responsabilidades como autoridad única de la Eurozona.
Asimismo, se sugiere modificar el régimen sancionador de los directivos de entidades financieras que cometan infracciones muy graves para elevar hasta los diez años el periodo de inhabilitación, se extiende la obligación de secreto a los colaboradores externos del Banco de España, y se retoca la Ley del Mercado de Valores para, entre otras cosas, clarificar el requisito de que las entidades de contrapartida central --con las que el Eurosistema efectúa operaciones de política monetaria-- y las empresas de servicios de inversión cuenten con un órgano interno que asuma la gestión de los riesgos.
