MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva al proyecto de ley de Ordenación, Supervisión y solvencia de las entidades de crédito con el único respaldo del PP, después de que el PSOE y CiU hayan criticado el cambio que se introduce en la Ley de Cajas a través de esta norma, y de que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD hayan lamentado no haber llegado más allá en la regulación del sector financiero.
Durante el trámite de debate de las enmiendas que el Senado ha incorporado al proyecto de ley, el diputado 'popular' Rogelio Araújo ha defendido que la norma "reforzará el nivel de exigencia al sector financiero en materia de solvencia y gestión prudencial", en línea con las más recientes regulaciones comunitarias e internacionales, avanzando hacia la consecución de un "equilibrio" entre la "gestión prudente de los riesgos y unas condiciones de financiación óptimas".
"Las leyes que regulaban este ámbito eran de los años 80, cuando el entorno era mucho más sencillo y el control de la solvencia y gestión de riesgos la tenía el Banco de España. Hoy día, la internacionalización, la interdependencia y la innovación financiera exigen adaptarse a normativas supranacionales", ha añadido, reclamando un "esfuerzo de reflexión adicional" a la oposición para que reconsiderara su voto.
DESENCUENTRO POR EL PROTECTORADO DE LAS FUNDACIONES
Sin embargo, el portavoz socialista de Economía, Valeriano Gómez, ha lamentado que pese a que la tramitación de este proyecto de ley "comenzó con buen pie", dado que la mayor parte de formaciones compartían la necesidad de reforzar la regulación bancaria, la norma ha vuelto del Senado "algo trastabillada" por las enmiendas incorporadas.
Además, ha reprochado al PP que en este caso, como en otros muchos a lo largo de la legislatura, no haya "querido negociar nada importante" y ha recriminado al partido que sustenta al Gobierno su "cantinela de que ha estado solo adoptando reformas para sacar a España del pozo en el que los socialistas la dejaron". "En el pecado llevan la penitencia", ha dicho.
En este caso concreto, la causa de la discordia fundamental ha sido el "episodio chusco" de incorporar un cambio "crucial" en la Ley de Cajas, aprobada pocos meses antes, a través de una enmienda parlamentaria que "vulnera competencias autonómicas". "Este apartado será cambiado cuando cambie la mayoría parlamentaria", ha avanzado, concluyendo que su rechazo al conjunto de la norma se deriva de su "cansancio" hacia las "pantomimas" del Gobierno en relación con su disposición a negociar.
De tenor similar ha sido la intervención del nacionalista catalán Toni Picó, quien ha centrado sus palabras también en el cambio de la Ley de Cajas. "Han roto el ánimo conciliatorio de CiU", ha dicho, reprochando que la enmienda "vulnera el actual marco competencial". "Compartíamos el objetivo del proyecto de ley pero el texto contiene una flagrante vulneración de competencias de Cataluña y no podrá contar con nuestro apoyo", ha añadido.
VERSIÓN "LIGHT" DE LA DIRECTIVA
Por su parte, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha pronosticado que esta ley "sienta las bases de la precariedad" de una regulación que "en algún momento alguien dirá que ha fallado" dado que se ha elegido la "adaptación más 'light'" de la normativa europea.
"Compartimos los objetivos del proyecto de ley pero entendemos que no es la respuesta que la sociedad necesita y que en algunos aspectos nace vieja. Se ha perdido una oportunidad para establecer mayores exigencias", ha lamentado, subrayando que hasta Estados Unidos tiene una regulación "más exigente" que ésta para el sector financiero.
Por último, ha advertido de que la redacción que se ha dado a algunos artículos con el objetivo de clarificarlos podrían acabar creando "más conflictividad" y ha reprochado al Ejecutivo que incida en fomentar un "mayor intervencionismo" del Ministerio de Economía en ámbitos de los supervisores.
Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha afirmado que las enmiendas del Senado "no modifican nada fundamental" sino que suponen sólo "cambios de redacción o en aspectos secundarios", por lo que ha mantenido la postura de su grupo, que durante los trámites anteriores ya lamento que, pese a las "importantes mejoras respecto de la situación actual", no se haya planteado una norma suficientemente "ambiciosa" y que fuera "más allá".
LEY DE SUPERVISIÓN
La Ley de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito está destinada fundamentalmente a transponer a la normativa española directivas comunitarias en materia de regulación bancaria, en torno a cuatro ejes.
Se trata del régimen jurídico de las entidades y el funcionamiento de los órganos directivos (idoneidad, honorabilidad, gobierno corporativo, transparencia, compatibilidades o remuneraciones), de la supervisión prudencial (adecuación de capital a los riesgos, control del Banco de España, nuevos colchones de capital o sanciones), de las modificaciones de la Ley del Mercado de Valores para extender las medidas a las empresas de servicios de inversión, y de los cambios en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el nuevo régimen de las participaciones preferentes.
Con los cambios aprobados en el Senado, se retrasan cuatro meses, hasta el 31 de octubre, algunos preceptos como la obligación de las entidades financieras de constituir un comité de nombramientos, uno de remuneraciones y otro conjunto de nombramientos y remuneraciones. No obstante, se mantiene la fecha límite de 30 de junio para las entidades que antes de esta ley ya estuvieran obligadas a contar con esos órganos.
Además, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas tendrán potestad para dictar normas de contabilidad y los modelos a los que deben sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito, aunque será el Ministerio de Economía el que fije los informes preceptivos para ello.
En cuanto a las entidades de contrapartida central que quiebren y deban liquidar todos los contratos y posiciones de un miembro, los clientes y miembros que no hubieran incumplido sus obligaciones hacia la entidad gozarán de un "derecho absoluto de separación" respecto del sobrante de las garantías que, habiéndose constituido a favor de la entidad de contrapartida central, resulte de la liquidación de las operaciones garantizadas "con excepción de las contribuciones al fondo de garantía frente a incumplimientos".
