El PP acusa a Solbes de "eludir" sus responsabilidades "por miedo a otro Forum-Afinsa"
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso aprobó hoy, con competencia legislativa plena para su remisión al Senado, el proyecto de ley que regula los servicios de crédito de entidades no financieras y amplía la protección de los consumidores en la contratación de créditos hipotecarios y la llamada reunificación de deudas con este tipo de entidades.
En el trámite se añadieron más de 50 enmiendas de todos los grupos parlamentarios que, entre otras cuestiones, explicitan los derechos de las personas con discapacidad y refuerzan las competencias de las comunidades autónomas, si bien quedó en el tintero la propuesta del PP de que el Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda supervise la actividad de las financieras, como ocurre con la "banca ortodoxa".
Según la diputada del PP Dolors Nadal, el rechazo de esta propuesta confirma que el Ministerio de Economía "tiene miedo y siente el aliento de otro Forum-Afinsa" e intenta "eludir sus responsabilidades" traspasándoselas al Ministerio de Sanidad y Consumo y, de ahí, a las comunidades autónomas.
Por su parte, el portavoz socialista de Consumo, Alberto Fidalgo, señaló que la nueva regulación "incrementa las garantías y la protección de los consumidores" al proporcionar "información, transparencia y seguridad" a este tipo de actividades.
TRANSPARENCIA.
Entre las novedades de la ley destacan la intensificación de las obligaciones de transparencia de las entidades dedicadas profesionalmente a esta actividad, el establecimiento de los requisitos de los contratos y el incremento de las garantías, la fijación de las actuaciones en casos de incumplimientos, y el establecimiento de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.
El texto aprobado hoy señala que los consumidores dispondrán de la información precontractual al menos 15 días antes de la firma. Esta información deberá especificar las principales características de los contratos y el coste total que debe pagar el consumidor, incluidas comisiones, cargas y gastos. La transparencia de precios implica que no se podrán cargar cantidades superiores a las que se deriven de las tarifas explicitadas.
REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.
Asimismo, la información básica se hará pública en páginas web y en un tablón de anuncios en los establecimientos abiertos al público. La identidad de los tasadores y sus tarifas serán conocidas. Habrá un registro público de las empresas, que deberán contratar, con una entidad autorizada, un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera.
También se prevé específicamente el derecho a desistimiento en los contratos de intermediación en los 14 días siguientes a la formalización del contrato, sin alegación de causa alguna y sin penalización, y se incluye un régimen de infracciones y sanciones, al tiempo que se habilita la resolución extrajudicial de conflictos.
