BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Eurobank del Mediterráneo Eduardo Pascual Arxé negó hoy haber incurrido en ningún delito de estafa o societario y acusó a la compañía BCG de "falsear" sus cuentas para ocultar que estaba en quiebra y obtener así los créditos de Eurobank.
Durante la primera sesión del juicio por el denominado 'caso BGC', celebrada hoy en la Audiencia de Barcelona, Eduardo Pascual, mantuvo que la empresa BCG --dedicada a la importación de pescado-- obtuvo los créditos maquillando los balances, ya que estaba en quiebra, y aseguró que el gran perjudicado fue Eurobank, ya que perdió 7 millones de euros en la operación.
El Ministerio Fiscal, no obstante, solicita 18 años de cárcel --seis para cada uno-- para Pascual y para dos de sus colaboradores, Delfina Fulladosa y Alexandre García, por un delito societario y otro de estafa contra su ex socio Carlos Bosch, con quien compartía negocios en la compañía BCG.
La fiscal mantiene que Pascual y sus socios se hicieron ilícitamente con el control de la empresa y vaciaron la sociedad en beneficio propio, por lo que piden una indemnización de 6,7 millones para los dueños de BCG y fijan como responsable subsidiario a Eurobank.
Los hechos enjuiciados se remontan a 1999, cuando el ex presidente de Eurobank contactó con el fundador de BCG y le propuso participar en dicha sociedad con la promesa de mejorar el negocio, a pesar de que ésta se encontraba en situación de quiebra y debía dinero al banco.
Según el Ministerio Fiscal, para materializar la operación, Pascual solicitó que se pignorasen todas las acciones de BCG a favor de Eurobank y constituyó una serie de hipotecas y opciones de compra, "todo a modo de garantías puramente formales", con el objetivo de conseguir una línea de crédito con Eurobank y lograr reflotar la sociedad. La operación contó con un informe favorable de la también acusada, Delfina Fulladosa, que era la auditora del banco.
La operación fue aprobada por los socios de BCG --Bosch, su esposa, Maria Assumpció Falgueras, y Joan Pau Capellas--, que aprobaron la pignoración de las acciones, además de una hipoteca sobre la práctica totalidad de los bienes inmobiliarios de los socios. En esta operación, Bosch fue nombrado administrador de la sociedad, aunque de forma solidaria con la acusada Fulladosa.
ACCIONES PARA PERJUDICAR A BCG.
Según la fiscal, cuando los acusados entraron en BCG, empezaron a realizar acciones para perjudicar a la citada empresa, en beneficio del banco y de sus filiales. La acusación mantiene que el banco se comprometió a aportar créditos por valor de tres millones de euros a la compañía, que acababa de conseguir un importante contrato con una empresa pesquera, y que, una vez formalizada la operación, se cesó de su cargo a Bosch y se le sustituyó por el también acusado Alexandre García, persona de confianza de Pascual y de Fulladosa.
Los nuevos administradores cancelaron los créditos de BCG con la banca --excepto los de Eurobank--, cambiaron su sede, traspasaron sus clientes y cedieron créditos a Santayana Desosa, filial del banco dedicada a negocios inmobiliarios, que se encontraba hasta entonces inoperante y que pasó a dedicarse a la comercialización de pescado.
Posteriormente, el banco ejecutó las garantías hipotecarias de los créditos concedidos a BCG para quedarse con los inmuebles propiedad de Bosch y de su mujer con la supuesta intención --según las acusaciones-- de burlar las exigencias del Banco de España. Ante dicha situación, Carlos Bosch denunció los hechos y, en junio de 2002, la entidad fue intervenida y se le revocó la ficha bancaria.
BOSCH PUDO RECUPERAR LA GESTIÓN DE BCG.
Durante su declaración, Pascual --que ocupó la presidencia de Eurobank en 1999 en sustitución de Ignacio Mas-Bagà-- explicó que las "garantías" que otorgó BCG fueron posteriores a la aprobación y disposición de un crédito de 330 millones de pesetas que le fue otorgado el 27 de mayo de 1999.
Según el acusado, la pignoración de acciones que reprocha el denunciante podía anularse con el pago de una cantidad "simbólica", unos 40.000 euros, con los que Bosch habría podido recuperar los derechos políticos de la empresa, echar a Fulladosa y volver a gestionar la compañía "a su criterio y voluntad", "un derecho que él no ejerció".
Pascual explicó también que los 330 millones de pesetas surgieron de la refundición de tres créditos diferentes que se dieron a partir de julio de 1998 y sobre los que los denunciantes dieron su aval personal e ilimitado, comprometiendo Bosch todo su patrimonio y el familiar.
Según el ex presidente de Eurobank, el problema surge a raíz del contrato que BCG había conseguido con la empresa pesquera Conarpesa por valor de 500 millones de pesetas, cantidad a cuya financiación iban destinados los créditos concedidos por el banco a BCG.
El acuerdo entre BCG y Conarpesa tiene su origen en la cesión de capturas de barcos de pesca langostinera, un contrato que fue incumplido por la empresa pesquera, causando un daño a Bosch del que no tiene ninguna responsabilidad Eurobank, según Pascual.
EL OBJETIVO ERA "REFLOTAR" BCG.
Durante la sesión de hoy también declaró Delfina Fulladosa, quien aseguró que "en ningún momento la intención de los nuevos administradores de BCG --entre los que figuraba ella misma-- fue hacer desaparecer la compañía".
Según la acusada, se cedieron créditos a Santayana Desosa como "auxilio financiero", ya que el objetivo era "reflotar" BCG. "Yo cedí a Santayana pasivos de obligado cumplimiento y activos de dudosa realización, yo creo que ayudé a BCG", señaló.
Fulladosa aseguró que el activo que le quedó a la empresa fue "el principal activo de la compañía, que era el contrato de 500 millones de pesetas que suscribió con Conarpesa". "Nosotros hicimos todo lo posible por reactivar dicho contrato", añadió.
La declaración de Fulladosa puso punto y final a la sesión de hoy, que acabó sin que las partes pudieran interrogar al tercer acusado, Alexandre García, debido a que la declaración de los otros dos encausados se alargó durante toda la mañana.
El juicio, que debía celebrarse el pasado 10 de julio, quedó aplazado después de que la acusación particular solicitase la comparecencia del que fue presidente del consejo de administración de Eurobank, Rubén Manso, para aclarar la toma de control sobre BCG.
La vista se reanudará el próximo 20 de octubre con la declaración de García, aunque se han señalado otras tres sesiones hasta la finalización del juicio --que está prevista para el 1 de diciembre--, en las que declararán el resto de testigos y se llevarán a cabo las pruebas periciales.
