Economía/Finanzas.- La Ley del Mercado de Valores considerará ilegales las filtraciones de cotizadas a los periodistas

Actualizado: viernes, 15 agosto 2008 13:55

El presidente de la Asociación de la Prensa aplaude la medida porque evitará filtraciones interesadas, "como las del caso Banco Popular"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ley del Mercado de Valores considerará ilegal comunicar de forma selectiva información relevante sobre empresas cotizadas a periodistas, profesionales de los medios de comunicación, analistas y determinados inversores y accionistas.

Así se desprende de la orden que desarrolla el artículo 82.5 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores en materia de comunicación de información relevante que la dirección general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda ha puesto en audiencia pública para que los afectados realicen sus alegaciones.

El texto, al que tuvo acceso Europa Press, entiende por comunicación selectiva de información relevante cuando ésta se revele a una persona o grupo antes de ser difundida al mercado, y advierte de que, en este supuesto, "el emisor de valores inclumplirá las obligaciones establecidas en dicha ley".

"Los emisores de valores deberán actuar con neutralidad, aplicando los mismos criterios a las informaciones relevantes, con independencia de que puedan influir de manera favorable o adversa en la cotización de un valor", subraya la orden.

Asimismo, incide en la obligación de "difundir inmediatamente al mercado y simultáneamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) toda la información relevante, tan pronto como sea conocido el hecho, se haya adoptado la decisión o se haya firmado el acuerdo o contrato de que se trate".

AUTORIDADES JUDICIALES Y AUDITORES.

No obstante, la norma considera admisible comunicar información relevante de forma selectiva a autoridades administrativas y judiciales, auditores y demás entidades o profesionales externos, como entidades financieras y abogados.

También podrán recibirla las agencias de calificación de riesgos, siempre que requieran de la información para hacer su trabajo, y otras compañías o inversores cuando se estén negociando operaciones corporativas o financieras.

"En todo caso, el emisor deberá advertir expresamente y por escrito, del posible carácter privilegiado de la información y cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa vigente en relación a la información privilegiada", precisa el texto.

ALTERAR EL PRECIO DE LAS COSAS.

El presidente de la Asociación de la Prensa, Fernando González Urbaneja, en declaraciones a Europa Press, valoró "positivamente" la orden que desarrolla la norma, por estimar que evitará "filtraciones interesadas" dirigidas, por ejemplo, a alterar el precio de las cosas, como aumentar el valor bursátil de un título.

En este sentido, dijo que esta medida podría evitar la difusión de información como la que apuntó a la existencia de un grupo mexicano interesado en hacerse con el 20% del Popular, y que disparó la cotización de la entidad, sin que se haya probado todavía la existencia de dicha sociedad, denominada 'Blueprime'.

"Con el caso del banco popular ha habido una evidente mala práctica en algunos medios. De los hechos anunciados a los producidos ha habido una distancia abismal y nadie da una explicación", dijo Urbaneja, para quien la CNMV ha actuado correctamente en este asunto, en el que previsiblemente haya responsabilidades legales.

Urbaneja acogió positivamente que el organismo que preside Julio Segura "ponga coto" de esta forma a la filtración interesada. "No tengo nada que objetar a eso, sino que son avances para evitar manipulaciones por parte de las fuentes", dijo a Europa Press.

"En el proceso informativo hay que defender la transparencia, que la información se produzca simultáneamente para todo el mundo, porque si el agente emisor decide privilegiar a uno u a otro va a ser siempre por su interés", argumentó, y apostó por trasladar este punto de vista a la vida política.

A su parecer, sería adecuado que el Gobierno, los partidos y las instituciones públicas se sometieran a exigencias de este tipo. "Cuando un político va a hacer una declaración, si no es algo relevante, que no lo diga, y que los globos sonda que pueda lanzar un Gobierno formen parte de la mala práctica", defendió.