Reducirá las posibilidades de sufrir crisis financieras y de que las entidades tengan problemas de solvencia o liquidez
MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La nueva Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, podría evitar pérdidas de PIB cercanas al 39% y generaría un ahorro fiscal del 4% del Producto Interior Bruto.
Según consta en la memoria económica del anteproyecto, a la que ha tenido acceso Europa Press, la norma tendrá efectos positivos sobre la competencia e incorporará nuevas cargas administrativas valoradas en 108.000 millones de euros. Además, reducirá las posibilidades de sufrir nuevas crisis financieras en el futuro y de que las entidades tengan problemas de solvencia o liquidez.
El Gobierno ha desarrollado este texto con la intención de regular determinados elementos de los fondos propios, grandes riesgos, régimen de supervisión y sanción de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, trasponiendo la directiva europea en materia de solvencia.
El objetivo fundamental es aumentar la solvencia de las entidades que se regulan y la calidad de la supervisión a nivel europeo de los grupos transfronterizos. "Se pretende prevenir así las fuertes restricciones al acceso al crédito que vienen ocasionadas por un deterioro repentino de la confianza en las entidades bancarias", apunta la memoria.
La normativa impone obligaciones precisas a las entidades de crédito para que constituyan "sistemas robustos y claros de gobierno corporativo", que permitan tener estructuras ordenadas de gobierno, con una distribución clara de responsabilidades.
Junto a estas medidas, destaca el límite a la remuneración variable al 100% de la remuneración fija, salvo que autorizase la junta de accionistas hasta el límite máximo del 200%. "Con ello se pretende evitar la excesiva asunción al riesgo que puede llevar aparejada una dependencia exagerada a la remuneración variable", indica el documento.
A ello se suma una serie de disposiciones que contienen, entre otros supuestos, reglas de computabilidad como recursos propios de las participaciones preferentes o normas aplicables a los sistemas institucionales de protección.
INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO
En el informe del Consejo de Estado que acompaña al anteproyecto, los expertos ponen de manifiesto el breve plazo de tiempo del que se ha dispuesto para trasponer la directiva europea, teniendo en cuenta la transformación que va a provocar en el sistema español de solvencia y supervisión de las entidades financieras.
Asimismo, sugiere que se introduzca en el anteproyecto de Ley una disposición final en la que se autorice al Gobierno a elaborar un texto refundido de la Ley del Mercado de Valores que recoja todas las modificaciones que se han efectuado en ella.
Entiende que esta normativa se ha convertido en un texto "difícilmente inteligible" debido a los cambios que ha sufrido y que quedará "notablemente agravado" cuando se aprueben las modificaciones que introduce el proyecto de ley de solvencia.
