MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha apelado una vez más a su deber de secreto para no aclarar aspectos relacionados con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) --el llamado 'banco malo'--, en este caso en relación con las dimisiones de dos de sus máximos responsables, ocurridas a principios de este año.
La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, registró una pregunta escrita para saber "los motivos concretos" de la salida del director general de la Sareb, Walter de Luna, y del director de Activos Financieros, Luis Moreno, ocurrida semanas después de las renuncias de otros dos de los consejeros independientes de la entidad.
"A la falta de explicaciones claras sobre las primeras dimisiones se unen ahora nuevas dimisiones sobre las que tampoco convencen las escasas explicaciones que se han dado", lamentaba la diputada magenta, en referencia a la "explicación oficial" de que los dos consejeros independientes habían cesado por incompatibilidades para desempeñar su función con consejos de dirección de sociedades participadas por el sector público.
Un conflicto de intereses que la Dirección General del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, no "apreció antes de su nombramiento" pero que sí señaló la Oficina General de Conflictos, dependiente de Hacienda, meses después y ante la petición de un informe que realizó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tal y como relata Díez, que por ello preguntaba por qué no se empezó encargando el informe de incompatibilidades de ambos consejeros antes de su nombramiento.
ENTIDAD JURÍDICO-PRIVADA
Sin embargo, en su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno apela una vez más a la obligación de secreto que tiene ante una entidad jurídico-privada que está, por tanto, sujeta a la Ley de Sociedades de Capital, lo que supone que no puede difundir "informaciones de carácter confidencial" ni datos que "pudieran tener consecuencias perjudiciales para el interés social".
"No hay que olvidar que la Sareb opera en un marco de libre competencia y que existen una serie de empresas en el mercado realizando sus mismas actividades. La revelación de información adicional relativa a su cartera de inmuebles o su actividad en el mercado podría ser usada en su beneficio por el resto de las empresas del sector y, por lo tanto, supondría otorgar a dichas empresas una ventaja competitiva sobre Sareb que iría en detrimento de su actividad y de sus resultados económicos", añade el Ejecutivo.
La misma respuesta que ha dado en ocasiones anteriores, ante preguntas tan dispares como el número de viviendas que la Sareb gestiona en las comarcas catalanas de El Garraf, Alto Penedés y Anoi; o la ubicación exacta de las oficinas del 'banco malo'.
LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN SON "SUFICIENTES"
Además, el Gobierno recuerda a Rosa Díez que la normativa que regula la Sociedad establece que es el Banco de España el encargado de supervisar el cumplimiento del objetivo exclusivo de la Sareb, de los requisitos que se establezcan para los activos y de "las normas referidas a la transparencia y a la constitución y composición de los órganos de gobierno y control" del organismo, así como de los requisitos de honorabilidad comercial y profesionalidad de los miembros de su consejo de administración.
En la misma línea, existe una Comisión de Seguimiento que analiza el plan de negocio del 'banco malo' y sus posibles desviaciones, y que debe remitir a las Cortes un informe semestral al respecto. Asimismo, la propia Sareb elabora otro informe semestral sobre su actuación , y un experto independiente nombrado por el Banco de España hace lo propio con carácter anual. También el FROB tiene obligaciones de información con respecto al 'banco malo'.
"Se considera que estas amplias obligaciones de información son suficientes para asegurar un efectivo control de la Sareb por parte de los poderes públicos y para poder cumplir con la transparencia ante la ciudadanía que la actuación de esta entidad requiere. Además, cualquier solicitud de información que se salga de estos cauces no puede ser provista por el Gobierno, a no ser que se trate de información pública y conocida, ya que estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada", añade la respuesta parlamentaria.
En cualquier caso, el Ejecutivo asegura que la Sociedad "se ha dotado de políticas específicas para prevenir y evitar conflictos potenciales, que afectan tanto a los administradores como a los empleados", a través de su Código de Conducta.
REMUNERACIONES
Fuera de la respuesta queda, sin embargo, cualquier mención a otra de las preguntas planteadas por Rosa Díez, en este caso relativa al monto total de las retribuciones abonadas a los miembros del Consejo de Administración y al equipo directivo de Sareb en 2013, así como su desglose individualizado.
Y es que el sueldo de la cúpula de la entidad levantó la polémica en 2013, al aprobar la junta de accionistas una remuneración salarial de la presidenta de la Sareb de unos 32.000 euros mensuales a pesar de tratarse de una entidad respaldada con fondos públicos.
Tampoco la presidenta de la Sociedad, Belén Romana, aclaró este extremo durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso del pasado 1 de abril, cuando se limitó a señalar que ha renunciado a un 30% a la cuota fija de su salario así como al variable, con lo que su sueldo se sitúa por debajo de los 300.000 euros anuales.
Además, recordó que la Sareb decidió "libremente" someter su régimen retributivo a las restricciones que se contemplan para las entidades que hubieran recibido ayudas públicas, lo que implica un límite de 500.000 euros anuales para los consejeros ejecutivos, más un variable que podría llegar al 60%, y de 100.000 euros para los no ejecutivos.
Con respecto a los ceses y dimisiones, la presidenta de la Sareb se limitó a defender que su equipo es "muy compacto y muy sólido". "Probablemente porque hemos trabajado juntos de forma muy intensa, lo que ha generado una gran capacidad de colaboración. Son profesionales de primer nivel, con una capacidad de trabajo verdaderamente extraordinaria y de los que deberíamos sentirnos todos muy orgullosos", añadió.
3,4 MILLONES PARA LA CÚPULA EN 2013
Según el informe de gobierno corporativo que la sociedad remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 10 de abril, Romana cobró el año pasado 295.000 euros tras renunciar al 40,8% de su retribución máxima. Por su parte, Walter de Luna, que durante el pasado ejercicio desarrolló las labores de director general, percibió una retribución de 385.000 euros, un 23% menos de lo estipulado como retribución máxima.
En total, los consejeros de la sociedad cobraron 1,4 millones de euros en 2013 y se reunieron un total de 16 veces a lo largo del ejercicio. Por su parte, la alta dirección --que incluye al secretario general, al director Financiero, al director de Activos Inmobiliarios, al director de Activos Financieros, al director de Medios, a la directora de Cumplimiento y Control interno, al director de Auditoría interna, al director de Riesgos, al director de Comunicación, a la directora de la Relación con los inversores y al director de Análisis macro y relaciones corporativas-- percibió dos millones de euros.
