Ugarte cuestiona por qué en la inspección de 2001 a Kutxa, cuando Bravo era director de Hacienda, "no se detectó la irregularidad"
SAN SEBASTIÁN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Guipúzcoa está analizando la sentencia del Tribunal Supremo por la que tendrá que abonar unos 28 millones de euros a Kutxabank correspondientes a las liquidaciones del Impuesto de Sociedades entre los años 2001 y 2005, por sus inversiones en Repsol entre 1997 y 2004, para estudiar la posibilidad de recurrirla en el Tribunal Constitucional.
La Hacienda de Guipúzcoa deberá devolver 21,4 millones de euros más intereses a Kutxabank, correspondientes a las liquidaciones del Impuesto de Sociedades entre los años 2001 y 2005, por sus inversiones en Repsol entre 1997 y 2004, después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya estimado el recurso de casación que interpuso la entidad financiera contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, en su sentencia de 2 de mayo de 2011, daba entonces la razón a la Hacienda de Guipúzcoa y a una resolución del Tribunal Económico Administrativo Foral (TEAF) en un contencioso con Kutxa y consideraba que la Caja guipuzcoana incurrió en un "fraude de ley" al gestionar sus participaciones accionariales en Repsol a través de una sociedad interpuesta entre los años 1997 y 2004.
La portavoz foral, Larraitz Ugarte, en rueda de prensa, ha explicado que el Consejo de Diputados ha hecho una valoración "provisional" de la sentencia y ha remarcado que la misma es "una muy mala noticia" para Guipúzcoa, así como para la institución foral.
Ugarte ha señalado que el Tribunal Supremo "no ha entrado en el fondo de la cuestión" ya que "lo que dice es que hubo una inspección en el 2001 en la que no se detectó que hubiera un problema" y que una inspección posterior "no puede contravenir una inspección previa". "No estamos nada conformes con esta sentencia", ha remarcado.
INSPECCCION
En esa línea, ha recordado que Kutxa en 1997, con la Caixa y Caixa Cataluña, creó una sociedad de inversiones para adquirir unas acciones de Repsol y entró en el régimen especial FEAC, aplicable a empresas que se fusionan, en el que tributan.
En 2001 se hace una inspección general a la Caja de ahorros guipuzcoana, sobre las inversiones que hizo en 1998 y 1999 en la que "en principio, no apareció nada, ninguna irregularidad".
En ese sentido, ha precisado que en ese año el diputado general de Guipúzcoa era Román Sudupe (PNV) y Víctor Bravo era director de la Hacienda foral, al tiempo que ha señalado que éste último "modificó la relación de puestos de trabajo y las atribuciones que correspondían a cada uno" y "asumió los poderes de realizar inspecciones sobre él mismo". "Son poderes que hoy no corresponden a esa figura", ha destacado.
Ugarte ha planteado que "aquella operación de la Kutxa o no fue inspeccionada y no sabemos muy bien qué es lo que ocurrió, pero lo que está claro es que esta operación en 2006 fue inspeccionada otra vez y se ve que ha habido fraude fiscal", y que "la sociedad Repinves se hizo con el objetivo de pagar menos impuestos" a la Hacienda guipuzcoana.
"Ahora nos encontramos con esta situación, con la gestión de otros, y toca devolver de unos 28 o 30 millones de euros en total", ha recalcado la portavoz foral, quien ha señalado que la Diputación de Guipúzcoa está analizando si cabe la posibilidad de recurrir la sentencia en el Tribunal Constitucional.
