MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP no limitará las retribuciones de los directivos ni prohibirá el reparto de dividendos en entidades financieras que han recibido respaldo público para no perjudicar su atractivo de cara a su futura venta, ya que eso dificultaría la recuperación de los fondos públicos que se han destinado al rescate bancario.
Así lo ha señalado el diputado 'popular' José López Garrido en la Comisión de Economía del Congreso durante el debate de una proposición no de ley de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para extender a los bancos que han sido avalados por la Administración las limitaciones de las retribuciones que ya se aplican en las entidades nacionalizadas y para prohibirles también el reparto de dividendos.
"Así que, si queremos recuperar el capital que el Estado ha puesto en las entidades participadas, ¿las hacemos más atractivas impidiendo el reparto de dividendos? ¿Les parece coherente?", se ha preguntado el 'popular' en torno irónico, criticando que "los eslóganes" de la coalición de izquierdas no "desmenuzan" los efectos que sus propuestas tendrían en caso de ser aplicadas.
Y es que hay bancos que actualmente tienen avales del Estado por haberse hecho con entidades rescatadas, como el Sabadell con la CAM o BBVA con Caixa Terrasa, a los que no tendría sentido, según el PP, impedir el reparto de dividendos o limitar las retribuciones de sus directivos, sobre todo porque han jugado un papel importante en el propio saneamiento financiero.
EUROPA NO LO PERMITE
Por otra parte, López Garrido también ha recordado que esta iniciativa "chocaría con las especificaciones de la UE" en relación con la "obligación de que las entidades financieras repartan dividendos cuando superan determinados límites de reservas", ya que de no hacerlo "se atentaría con los principios de libre competencia".
Con respecto a la enmienda añadida por la Izquierda Plural para prohibir también el reparto de dividendos extraordinarios en empresas reguladas que prestan servicios públicos esenciales, como es Endesa, el diputado del PP ha criticado que IU-ICV-CHA "pase del 'prohibido prohibir' al 'prohibir por prohibir'".
Finalmente, el diputado ha recordado que de los más de 100.000 millones de euros que el Estado ha concedido en avales a las entidades financieras desde el inicio de la crisis ya se ha devuelto más del 69% (unos 71.000 millones de euros), incluso de forma anticipada, "gracias al esfuerzo de saneamiento del sector financiero llevado a cabo por el Gobierno".
ESCÁNDALO GENERAL
Por su parte, el portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha centrado su intervención en explicar el añadido de su enmienda, que se justifica por el "escándalo general" de que una empresa "estratégica" que era pública y que fue privatizada reparta dividendos entre sus accionista aun a costa de quedar descapitalizada, de endeudarse y de perjudicar la calidad del servicio por mermar las inversiones.
"Una empresa que fue vendida a precio de saldo al capital privado, según el PSOE y el PP para mejorar la eficiencia (del servicio) y que, en lugar de servir para que la gente no sufra pobreza energética, va a repartir 14.000 millones de euros en dividendos en una operación profundamente especulativa que no sólo liquida una empresa que debería ser 100% pública sino que lo hace endeudándose con una empresa que también es propiedad de Enel y que está en un paraíso fiscal", ha explicado el diputado malagueño.
Por eso, ha instado al Gobierno a pronunciarse sobre este asunto, ya que hasta la fecha "no ha dicho absolutamente nada", y ha propuesto a los grupos parlamentarios una "reflexión" sobre cómo se reparten los dividendos y sobre esta forma de "corrupción legal" que es la privatización de empresas "sin tener en cuenta criterios sociales".
"NO SE PUEDE IMPEDIR" EN EMPRESAS PRIVADAS
Por parte del PSOE, María Teresa Rodríguez Barahona ha mostrado su apoyo a la petición de limitar las retribuciones y el reparto de dividendos en empresas que hayan recibido cualquier tipo de respaldo público, incluidos los avales, pero cree que el reparto de beneficios en otro tipo de compañías privadas "no se puede impedir".
Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, comparte el problema plantado por la iniciativa pero discrepa de los medios propuestos para solucionarlo, ya que los "abusos" en materia retributiva se produjeron en el pasado y no se pueden resolver limitando los salarios a futuro, y porque no se precisa suficientemente qué se consideran avales y si, por ejemplo, también se incluiría en ese paquete a los activos fiscales diferidos, con lo que se afectaría a la práctica totalidad de las entidades financieras españolas.
"Nos parece un grado de intervencionismo exagerado que puede provocar nuevos problemas importantes", ha señalado el diputado magenta, recordando además que los dividendos están "muy repartidos socialmente" y que "no sólo benefician a multimillonarios".
Con respecto a Endesa, Anchuelo ha lamentado que esta operación haya "pasado prácticamente desapercibida" porque "es llamativo que la empresa haya sido prácticamente vaciada", pero no cree que esto se pueda solucionar "impidiendo de manera generalizada el reparto de dividendos a las compañías privadas".
