MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y las entidades financieras han vuelto a prorrogar por un año más, hasta enero de 2021, el Fondo Social de Vivienda (FSV) con el que se pretende atender a las familias vulnerables.
El acuerdo ha sido firmado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por la Asociación Española de Banca (AEB), la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.
En la actualidad el Fondo cuenta con 9.951 viviendas, propiedad de los bancos, destinadas a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, mediante un arrendamiento a precios reducidos, entre 150 y 400 euros al mes. Se creó en enero de 2013 tras la aportación inicial de unas 6.000 casas.
El objetivo de su creación fue el de ofrecer cobertura a las personas desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social.
Para acceder a estas viviendas, las personas deben haber perdido la vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que en el momento de la solicitud los ingresos familiares no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), ni dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo.
Además, deberán encontrarse en alguno de los nueve supuestos de especial vulnerabilidad contemplados, que son los de una unidad familiar con hijos menores de edad; unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo, y unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite.
Entre los supuestos también se contemplan las unidades familiares en las que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones; unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género; personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para su inclusión social, y personas mayores de 60 años.
De igual forma, también pueden beneficiarse del fondo las personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos, así como otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas.
