MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través del Anuario del Euro 2017, que elabora cada año su Fundación y la del Instituto Español de Analistas Financieros, ha recomendado crear un Ministerio de Hacienda en la zona euro con el fin de dotar de legitimidad democrática la creación de un Tesoro Europeo, que, a su vez, emita deuda comunitaria en forma de eurobonos, y de un Fondo Monetario Europeo.
Este nuevo Ministerio asumiría la gestión de la disciplina fiscal, la aplicación de las reglas fiscales y la gestión del activo europeo, además de dotar a la Eurozona de un ente con mayor agilidad de acción en aquellos momentos en los que se requiera una "rápida intervención".
Entre las diez reformas europeas propuestas por el estudio también destaca la importancia de la vuelta a la normalización de la política monetaria, al mismo tiempo que se urge a abandonar "la utilización excepcional" de este tipo de política "como el único instrumento de política económica de la Eurozona" y poner fin a "la asunción de responsabilidades fiscales por parte del Banco Central Europeo (BCE)".
REACCIÓN A LA APLICACIÓN DEL MUR EN POPULAR
Ante la primera aplicación del Mecanismo Único de Resolución (MUR) el pasado año, con la decisión de compra del Popular por parte del Banco Santander, el Anuario señala que la discrecionalidad de este tipo de procesos, aunque inevitable, es "excesiva".
Para el doctor en Ciencias Económicas Fernando Fernández, encargado de presentar el estudio, es necesario disponer de capital suficiente para que el MUR intervenga, lo que conlleva la capacidad de endeudamiento propio, además de asegurar que no se produzcan "agravios comparativos" en función de la consideración o no de una entidad como sistémica.
El ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, por su parte, también señaló que la unión bancaria tendría que ser la prioridad en el proceso de integración financiera europea, algo que, de formarse un nuevo gobierno en Alemania el próximo 4 de marzo, junto al liderazgo del presidente francés, Emmanuel Macron, se podría "completar cuanto antes".
"Este proceso exige confianza política, que se evite el riesgo moral de recibir dinero alemán y que estos acreedores con mayor capacidad económica sepan que la deuda de los bancos no se puede convertir en un activo de alto riesgo, y que conlleve una crisis de liquidez", añadió Almunia.
EMISIÓN DE EUROBONOS
En este sentido, la emisión de bonos europeos, facultad que todavía no tiene el BCE, siendo este el único banco central de un país avanzado que carece de esta potestad, se alza como otra de las medidas más importantes en aras de la integración europea.
Según el estudio, una vez que el BCE comience a disminuir el balance que ha ido acumulando en los últimos años a través de la compra de deuda soberana en el mercado secundario, que supone el 40% del PIB de la zona euro, la emisión de eurobonos cobra una mayor importancia, ya que estos pondrían fin a la "fragmentación nacional" de los mercados financieros y los balances bancarios dejarían de exhibir el riesgo "idiosincrásico" nacional.
Los otras medidas que propone el Anuario del ICO pasan por llegar a un acuerdo para la gobernanza fiscal, desarrollar un esquema europeo de garantía de depósitos, mutualizar la deuda soberana, hacer un nuevo tratado de la Unión y debatir sobre la integración social y la digitalización en el entorno comunitario.
PROTESTAS SINDICALES EN LA SEDE DEL ICO
Con motivo de la presentación del informe este lunes en la sede de la Fundación ICO en Madrid, algunos sindicatos, entre los que se encontraban UGT, CGT y CSIF, organizaron una manifestación a las puertas del ICO, con el fin de reclamar la recuperación del plan de desarrollo profesional de la empresa pública y concertar una interlocución con el Ministerio de Hacienda.
Según los sindicatos, al margen de los recortes generales que ha sufrido el conjunto de lo trabajadores del sector público a raíz de la crisis económica, el Ministerio de Hacienda impidió que el ICO pueda utilizar los recursos propios para poder pagar la evolución de las reclasificaciones de las retribuciones de sus empleados, un sistema establecido en su convenio colectivo.
Como consecuencia, los sindicatos denuncian que esta paralización hace que estén percibiendo una retribución inferior a lo pactado, que ya acumula el millón y medio de euros en su conjunto.
