MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación de inspectores y auditores informáticos del Banco de España ha enviado al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma legal para garantizar su participación en la supervisión de las entidades de crédito, complementar la supervisión del Banco de España con actuaciones de investigación directas e integrar la figura del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) para delimitar las funciones del supervisor español y corregir incongruencias entre la legislación española y europea.
Así lo recoge el informe al que ha tenido acceso Europa Press, que propone una modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito.
En concreto, se modifica el artículo referido a la función supervisora y se incorpora una definición de la actividad de supervisión, se añade una mención al carácter instrumental que puede tener para el ejercicio de otras potestades, como la sancionadora, y se clarifica la distribución de competencias de supervisión entre el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España que deriva del Reglamento.
Respecto a esto último, se menciona expresamente la función del supervisor nacional de verificar diariamente todas las entidades de crédito españolas, con lo que se trata de garantizar la participación de los inspectores y auditores informáticos del organismo en la supervisión directa de las entidades de crédito significativas.
Asimismo, se establece que el Banco de España no solo debe supervisar los procedimientos aplicados para dar cumplimiento a la normativa, sino además comprobar que dicha normativa se cumple. En cuanto al control de riesgos de las entidades, se incorpora la evaluación de los registros contables y la dotación de provisiones.
UNA INSPECCIÓN COMPLETA AL MENOS CADA TRES AÑOS
En cuanto a las potestades de investigación o inspección, los inspectores apuntan que el Banco de España puede llevar a cabo las inspecciones necesarias en relación con entidades de crédito y los terceros con los que hayan contratado sus actividades o funciones operativas, que quedan obligadas a poner a su disposición libros, registros, grabaciones u otros documentos. En este apartado se incorpora la novedad de que también podrán ser destinatarios de estas potestades las personas físicas o jurídicas responsables de la auditoría de cuentas de las entidades.
Por otro lado, la propuesta fija que el Banco de España impulsará las acciones necesarias para que todas las entidades de crédito españolas sean objeto de una inspección completa de su actividad al menos una vez cada tres años, al objeto de obtener una imagen integral de la misma.
El documento hace hincapié en la individualización e independencia de los inspectores de entidades de crédito y los auditores informáticos adscritos a la supervisión. En este sentido, defiende la necesidad de establecer un régimen jurídico concreto para garantizar "su alta capacitación técnica y profesional", así como "su autonomía funcional e independencia técnica en el ejercicio de sus funciones".
DÉFICITS DE INDEPENDENCIA
El informe remitido al Congreso señala que la crisis bancaria en España ha puesto de manifiesto que han sido "ciertos déficits" en la independencia técnica de este personal lo que podría explicar "algunos fallos" en la supervisión realizada por el Banco de España.
En concreto, apunta a que el marco jurídico no ha garantizado la autonomía funcional y la independencia técnica del personal inspector de manera que, en ocasiones, "se ha devaluado la trascendencia de las actuaciones realizadas por este personal", mientras que en otras los resultados no llegaron a los órganos de dirección correspondientes del Banco de España.
Asimismo, critica que la progresiva potenciación de un modelo supervisor que pivota de manera "excesiva" en el análisis de la documentación, información y autoevaluaciones aportadas por las entidades de crédito "necesita complementarse con unas actuaciones de investigación que verifiquen de manera directa la situación efectiva de las entidades".
Así, entre otras propuestas, los inspectores piden un reconocimiento singular y la posibilidad de redactar opiniones fundadas de carácter auxiliar en las actuaciones supervisoras de investigación o inspección que no serán comunicadas a la entidad supervisada.
