MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta Única de Resolución (JUR) cierra mañana, lunes 26 de noviembre a las 12.00 horas, el procedimiento para que los antiguos accionistas y acreedores de Banco Popular considerados elegibles remitan sus comentarios en el marco del proceso que determinará si deben ser compensados por su resolución y posterior venta a Banco Santander al simbólico precio de un euro.
La JUR analizará "al detalle" todos los comentarios recibidos y los tendrá en cuenta "convenientemente" para tomar su decisión final.
Esta segunda fase es la continuación al proceso de registro de la solicitud a "ser escuchados" abierto el pasado 6 de agosto, que permitía a los afectados expresar su interés en ejercitar su derecho de audiencia y presentar documentación de cara a su elegibilidad.
De este modo, su objetivo es el de permitir a las partes elegibles enviar comentarios por escrito respecto a la decisión preliminar de no otorgarles compensación y su razonamiento subyacente.
El organismo presidido por la alemana Elke König recibió unas 12.000 expresiones de interés entre accionistas y bonistas, de forma individual o en grupo, de los que debía evaluar su elegibilidad. La segunda fase se abrió el pasado 6 de noviembre, prolongándose durante tres semanas.
Los afectados o sus respectivos representantes recibieron un enlace personal por correo electrónico que les permitía acceder a un portal online. Los comentarios enviados se podían guardar y acceder a los mismos mientras no fueran enviados, momento a partir del cual ya no se podía ni aportar más información ni editarlos.
La autoridad europea decidió de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores de Banco Popular afectados por la resolución de la entidad el año pasado fundamentado en las conclusiones del informe 'Voloración 3' elaborado por Deloitte, en el que se determinaba que los accionistas y bonistas hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia.
"La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe 'Valoración 3', que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución", indicó en un comunicado.
La resolución de Popular afectó a más de 300.000 personas y muchas de ellas aceptaron la solución ofertada por la entidad comunitaria. Sin embargo, actualmente hay en marcha un recurso de anulación contra la resolución de la JUR ante el Tribunal General de la UE (TGUE) o un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del FROB en la Audiencia Nacional.
También se ha presentado una querella en la vía penal ante el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y numerosas demandas individuales por la vía civil.
