MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha abierto este miércoles una consulta pública sobre el Anteproyecto de ley de transposición de la Directiva Mifid II, que debe llevarse a cabo antes del próximo 3 de julio.
Esta consulta pública, que estará abierta hasta el próximo 10 de abril, tiene el objetivo de recabar opiniones relacionadas con las cuestiones que plantea la Directiva, que entrará en vigor en enero de 2018 y cuya transposición supondrá una modificación "en profundidad" de la Ley del Mercado de Valores, según han señalado fuentes de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
De acuerdo con las mismas fuentes, el Ministerio de Economía trabaja en conjunto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para desarrollar esta norma "lo antes posible".
La Directiva Mifid II pretende reforzar la protección del inversor regulando el asesoramiento en la comercialización de productos financieros y sus incentivos, así como aumentar la transparencia en los mercados, no solo en relación con la negociación de acciones o instrumentos similares, sino también en bonos y derivados para su correcto funcionamiento en la formación de precios.
Así, mediante esta norma, los depósitos estructurados, actualmente considerados productos bancarios, pasarán a ser instrumentos financieros, de forma que a la hora de comercializarlos el cliente deberá pasar un test de idoneidad, según han explicado las mismas fuentes.
La norma comunitaria tiene también como objetivo mejorar la regulación de algunos productos financieros, como los derivados, especialmente los derivados sobre materias primas, y reforzar la supervisión y las sanciones a disposición de las autoridades competentes (lo que permitirá suspender la comercialización de determinados productos), así como evitar el arbitraje regulatorio.
Además, la Directiva incorpora como novedad la creación de la etiqueta 'Mercados pyme en expansión' para facilitar el acceso de este tipo de empresas a la financiación.
Mifid II también pretende adaptar la normativa a los desarrollos tecnológicos y de los mercados, regulando prácticas como la negociación algorítimica automatizada, e impulsar la negociación de instrumentos financieros desde mercados OTC ('over the counter') hacia centros de negociación, como mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación o sistemas organizados de contratación.
