No descarta tomar otras vías judiciales y extrajudiciales para que los afectados obtengan una compensación por el perjuicio sufrido
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la "antigua" cúpula del Banco popular, entre los que figuran el expresidente de la entidad Ángel Ron, el exvicepresidente Roberto Higuera y el exconsejero delegado Pedro Larena, además de contra la auditora PwC y el socio que firmó la cuenta, Pedro Barrio, por presunta "falsedad contable y estafa a los inversores.
Según ha declarado la directora de comunicación de OCU, Ileana Izverniceanu, a Europa Press la organización no descarta presentar también la querella por las vías civil y administrativa. "Tenemos que ayudar a todas las personas que se han sentido engañadas por unas cuentas que entendemos que no han sido reales", ha añadido.
El letrado que ha presentado la denuncia, Eliseo Martínez, ha señalado, por su parte, que han decido tomar dicha medidas contra los exdirigentes del Popular por una "presunta falsedad contable" y "estafa a los inversores" en la información financiera contenida en el folleto presentado por la entidad ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2016 durante su ampliación de capital.
"Al menos en el ejercicio de 2016 creemos que se distorsionó de manera intencionada la información con la que contaron los consumidores a la hora de actuar sobre operaciones con el Banco Popular", ha agregado.
De este modo, Martínez ha explicado que lo que espera la OCU con esta denuncia es que la Audiencia Nacional la admita a trámite para que así pueda iniciarse una investigación de los hechos denunciados y, en caso que se demuestre lo redactado en la querella, se depuren responsabilidades. "Solo así se podrá dar a España y al mundo una imagen de credibilidad del sistema y de las instituciones de nuestro país", ha subrayado.
IZVERNICEANU: "DE GUINDOS DEBE AL MENOS UNA EXPLICACIÓN"
Por último, el letrado, que también dirige junto a su homólogo Felipe Izquierdo la Plataforma de Perjudicados de Abengoa y es abogado de DIS en el 'caso Neymar', ha recalcado que OCU tiene la legitimación necesaria para "defender a todos los afectados --más de 300.000 accionistas minoritarios-- con carácter colectivo".
"Queremos mandar un mensaje de esperanza y confianza a los accionistas y bonistas que han perdido sus inversiones. Tenemos confianza en la Justicia española, que ya ha demostrado estar a la altura en situaciones similares. La OCU no abandonará a los perjudicados y les acompañará en todo el proceso", concluyó.
Ileana Izverniceanu también ha querido destacar que el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, debe, "al menos", una "aclaración a todos los españoles", ya que hace dos semanas dijo en una reunión con la prensa que "no había ningún problema" con el Popular y que las cuentas de la entidad bancaria estaban "saneadas".
"Dos semanas después nos encontramos con que los accionistas lo han perdido todo y el Banco Popular fue comprado (por el Santander) por un euro. No nos atrevemos a decir si debe haber algún tipo de responsabilidad política, pero el titular de Economía está tardando en dar una explicación a todos los españoles", ha reiterado.
IZQUIERDO: "LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN EXIGIR RESPONSABILIDADES"
En la misma línea, sobre los test de estrés del Banco Central Europeo (BCE) a la banca europea y que fueron aprobados por el Popular, la portavoz de OCU ha comentado que "ponen muy en tela de juicio" todos los controles a los que son sometidos los bancos, además de que ponen "muy nerviosos" a los pequeños inversores que confían en el sistema bancario.
"Les han dicho por activa y por pasiva que el sistema bancario estaba saneado después del rescate. Los reguladores nacionales y europeos tienen que explicar muchas cosas, además de todos los que han avalado unas cuentas y luego ha resultado que muchísima gente ha perdido su dinero", ha recalcado.
Felipe Izquierdo, accionista minoritario del Popular que ha perdido 20.000 euros, pide que se reponga el 100% de la inversión y responsabilidad a la antigua cúpula, la cual, supuestamente, falseó las cuentas. "Una vez que se tenga la certeza de que ha sido así se podrán empezar las acciones civiles", ha aclarado.
Finalmente, Izquierdo ha señalado que son los partidos políticos los que tienen que pedir responsabilidades políticas porque son ellos los que "marcan las normas".
MÁS DE 9.000 AFECTADOS HAN CONTACTADO CON OCU
Por otro lado, en un comunicado, la organización afirma que ha solicitado al Ministerio de Economía y al Banco de España un mecanismo extrajudicial "inmediato" para resarcir a los inversores afectados y asegura que el consejo de administración del Popular ha ido tomando decisiones "menospreciando" a los accionistas minoritarios que "en ningún caso han podido hacer oír su voz". "Han invertido en acciones del Banco Popular por confiar en una información auditada, pública y supervisada.
"Esta información se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad, ya que incluso hace un mes se cifraba el valor patrimonial de la entidad en 10.777 millones de euros, según documentos registrados en la CNMV", añade la nota.
OCU ha puesto en marcha la plataforma 'Movilízate', con la que informará a todos los afectados sobre la situación del caso y de las posibles acciones judiciales que va a llevar a cabo. Hasta el momento son 9.000 afectados los que se han puesto en contacto con la organización a través de esta vía.
Con esta denuncia, la Organización de Consumidores y Usuarios se suma a la presentada el 8 de junio por parte de los accionistas minoritarios del Popular --agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec)-- mediante el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.
