MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La OCU considera "excesivamente estrictas" las condiciones para que los consumidores en situación de vulnerabilidad puedan acceder de forma gratuita a una cuenta básica y cree que ponen en riesgo la eficacia de esta medida.
Así lo ha denunciado la asociación un día después de que la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, firmara una orden ministerial para establecer las condiciones de la cuenta de pago básica a la que tendrán acceso todos los ciudadanos, que será gratis para los colectivos más vulnerables.
El Ejecutivo aprobó en diciembre de 2017 un decreto ley con el que traspuso a la legislación española una directiva comunitaria que permitía garantizar el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica que deberían ofrecer todos los proveedores de servicios de pago.
OCU ha explicado que todas las entidades que ofrezcan cuentas de pago estarán obligadas a ofrecer cuentas de pago básicas a personas que residan legalmente en cualquier país de la Unión Europea, incluidos aquellos que no tengan domicilio fijo.
También podrán acceder a ellas los solicitantes de asilo e incluso aquellos que no tengan un permiso de residencia, pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho.
PIDE COMISIONES RAZONABLES
Según la norma, las comisiones aplicables a este tipo de cuentas deben ser razonables y nunca por encima de las aplicadas en virtud de la política de precios habitual de la entidad. En todo caso dependerá de la normativa interna de cada país, que podría establecer incluso la gratuidad de dichas cuentas.
Así, a pesar de la que la directiva contempla la posibilidad de que estas cuentas pudieran ser gratuitas, el proyecto de orden que maneja el Gobierno establece un límite máximo de 3 euros mensuales y que incluirá hasta 200 operaciones de pago anuales, aunque se podrán establecer comisiones más bajas o incluso la gratuidad para personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.
Para OCU, esta comisión es "excesivamente elevada", ya que en el mercado español existen alternativas que, sin ser cuentas de pago básicas, permiten tener una cuenta corriente sin comisiones, con la posibilidad de domiciliar recibos y realizar transferencias sin coste, así como disponer de una tarjeta de débito asociada que permite realizar pagos y extraer dinero en cajeros.
El proyecto, además, establece los límites en función de los ingresos anuales, partiendo de 2 veces el IPREM (15.039,19 euros al año) para personas no integradas en ninguna unidad familiar.
Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos se exige la aportación de "abundante" documentación y las entidades cuentan con un plazo de 30 días desde que la recibe para comunicar el reconocimiento o la denegación de la condición de gratuidad, lo que hace aún "menos atractiva", al tener que esperar tanto tiempo para disponer de la cuenta.
