MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El condenado en el denominado "caso Banesto" y ex consejero de dicha entidad Rafael Pérez Escolar ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de archivar la querella que interpuso contra el presidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín, y otros 21 consejeros y ex ejecutivos del banco, por la supuesta apropiación indebida de 4.507 millones de euros pertenecientes a Banesto.
El magistrado entendió que los hechos denunciados no constituyen delito y que, en todo caso, no cabría investigarlos porque estarían prescritos. Sin embargo, Pérez Escolar insiste en su recurso ante la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional en la gravedad de las imputaciones que realizaba en su denuncia y critica ciertas afirmaciones contenidas en el auto consistentes en que "la querella está aparentemente bien 'armada'", aunque "más bien parece responder a otras razones -mediantes entre el querellante y los actuales titulares del banco-, que a sólidas y verdaderas bases jurídico-penales".
En concreto, en coincidencia con el criterio expresado por el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señalaba que la querella se funda en una "cadena de hipótesis no contrastadas" que además contradicen los informes emitidos en su día por los auditores externos, así como los del Banco de España y de los organismos que autorizaron la intervención de Banesto en 1993.
La querella de Pérez Escolar, subrayaba Garzón, se funda esencialmente en un informe de parte, es decir, que no se ha llevado a cabo sobre fuentes directas, y su objetivo parece ser el de criticar lo formulado en su día en el "caso Banesto".
Pérez Escolar denunció una supuesta apropiación de fondos, a través de un complejo sistema de cesiones de activos, utilizando una entidad, SCI Gestión S. A., cuyas actividades fueron consentidas y autorizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos, que hizo una inyección en la misma de 285.000 millones de pesetas, y que fueron consentidas y auspiciadas "malévolamente" por los responsables del banco. Con ello, según el querellante, habrían cometido malversación y prevaricación.
La "acción base" que se describe, según Garzón, estaría prescrita en todo caso, puesto que la comisión del supuesto delito tendría que ser situada en 1994, momento en el que se produjo el traspaso de los activos a través de SCI Gestión, con voluntad de apoderamiento. "Pero es que tampoco se aprecia que haya existido tal apropiación", agregaba el magistrado.
