La reforma hipotecaria obligará a advertir de las "cláusulas sensibles" en cada contrato

El ministro Luis de Guindos en la sesión de control en el Congreso
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 22 marzo 2017 11:40

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la ley hipotecaria en la que trabaja el ministerio de Economía, Industria y Competitividad obligará a advertir de las "cláusulas sensibles" en cada contrato, según ha asegurado este miércoles en el Congreso el titular de este departamento, Luis de Guindos.

De Guindos ha dicho que esta reforma "incrementará la transparencia en los contratos" y tratará "que no vuelva a haber situaciones de cláusulas opacas".

En este sentido, ha dicho que la nueva normativa "reforzará los requisitos de información mediante una ficha previa en la cual se recogerán todas las cláusulas sensibles", y que este apartado del contrato incluirá "una simulación de la evolución del tipo de interés".

Asimismo, el ministro de Economía ha apostillado que el notario "deberá comprobar que el consumidor conoce perfectamente el contenido del contrato" y que dará fe de esto con su firma.

Estas medidas, ha dicho De Guindos, se complementarán con la transposición de la directiva europea sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID II) que, ha dicho "aumentará la transparencia del mercado de acciones, bonos y derivados".

El ministro ha asegurado que esta normativa regulará el asesoramiento y la comercialización de los productos financieros y que el período de consultas sobre este anteproyecto acaba de iniciarse.

LA LISTA DE "MALAS PRÁCTICAS DE LA BANCA"

De Guindos avanzaba el contenido de la nueva legislación ante la pregunta del diputado de En Comú Josep Vendrell, que en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles le ha preguntado por las "malas prácticas" con las que, ha dicho, "la banca se ha financiado fraudulentamente".

Así, ha enumerado las participaciones preferentes, la deuda subordinada, las comisiones abusivas, las hipotecas multidivisas, las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado, los pagos por la formalización de las hipotecas que, ha dicho, no tenían que asumir los clientes, las hipotecas impagables o el Índice de Referencia Hipotecario (IPRH).

Vendrell se ha referido a esta última "estafa", por la cual, ha dicho, hay afectadas 1,3 millones de personas. "Es una cláusula abusiva, comercializada sin informar de los riesgos, prometiendo tipos bajos cuando siempre han sido altos, por encima del Euribor, y además, colocados con falta transparencia y manipulación en la fórmula de cálculo, como ha confirmado el propio de banco de España", ha acusado.

Vendrell, que ha lamentado que el ministro no tuviera respuesta para esta cláusula, ha dicho que las medidas impulsadas en 2013 por el Gobierno consistieron en la sustitución de "una mala práctica por otra". Por ello, ha pedido que garantice la devolución del dinero a las familias, que se investigue "si ha habido manipulación" y "enviar un mensaje claro: Las malas prácticas de la banca no pueden quedar impunes".

"Preocúpese por este 1,3 millón de personas, que no tengan que pasar por este calvario de difíciles procesos judiciales que la banca siempre pierde. Encuentre soluciones justas", ha concluido el diputado de la coalición de izquierdas.

HA AUMENTADO EL CONTROL SOBRE LA BANCA, DEFIENDE GUINDOS

Por su parte, De Guindos ha remarcado que las medidas impulsadas en 2012 para reforzar la transparencia y el control obligaron a incrementar en más de 86.000 millones de euros las provisiones de las entidades financieras, limitaron las retribuciones de los directivos y la posibilidad de comercializar con productos complejos, como las preferentes, entre inversores minoristas.

En este sentido, ha dicho que el sistema de arbitraje permitió recuperar el dinero de las preferentes a 364.000 pequeños ahorradoras y que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "ha remitido más de 50 operaciones dudosas a la Fiscalía".

Asimismo, ha dicho que desde el inicio de la pasada legislatura más de 80.000 familias se han beneficiado de las medidas para proteger a los deudores más vulnerables, con unas 45.600 familias acogidas al código de buenas prácticas, cerca de 39.000 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago.

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