MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha aprobado la remisión al Senado el proyecto de ley de información no financiera de las empresas, que obliga a las grandes empresas a rendir cuentas de determinados aspectos medioambientales, laborales y tributarios, como los beneficios obtenidos país por país, los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas.
PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT y PNV han votado a favor del dictamen de la ponencia, por lo que el texto se ha remitido a la Cámara Alta, ya que esta comisión cuenta con capacidad legislativa plena. Únicamente Esquerra Republicana ha optado por abstenerse.
Durante el debate en la Comisión, la diputada 'popular' Teresa Palmer ha reflexionado sobre la evolución del papel histórico de las empresas, cuya obtención de beneficios había sido su principal variable a valorar. "Hoy no puede ser el único objetivo para valorar su aportación", ha manifestado, destacando la norma "por lo que implica en transparencia".
Patricia Blanquer, portavoz fiscal del PSOE, ha destacado que la norma es "una buena oportunidad para las empresas que operan en España". "La transparencia empresarial contribuye a contar con sociedades más resilentes, propiciar crecimiento y un empleo más sólido", ha aseverado.
Por parte de Unidos Podemos, su diputada Rosa Martínez (Equo) ha celebrado que, tras la completa aplicación de la trasposición, en tres años, España tendrá una de las aplicaciones de la directiva "más avanzadas de Europa", a pesar de que la ausencia de concreción que, a su juicio, adolecía el proyecto de ley que se tramitó en la Cámara Baja. "Echamos en falta un régimen sancionador", ha lamentado Martínez que, en todo caso, ha mostrado su deseo que el Gobierno complete este aspecto en el posterior desarrollo reglamentario.
El portavoz presupuestario de Cs, Vicente Ten Oliver, ha subrayado que la norma mejora la posibilidad de comparar la información que ofrecerán las empresas, las cuales tendrán que rendir cuentas en aspectos como la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación.
Las principales críticas al proyecto legislativo han procedido de ERC y PDeCAT. Joan Capdevila, de Esquerra, ha destacado que la Cámara ha "contribuido a un pequeño 'fistro' legislativo", al incorporar una trasposición de una directiva financiera en una disposición "que 'de facto' viola así el título dispositivo.
TODAS LAS EMPRESAS DE MÁS DE 250 EMPLEADOS ESTARÁN OBLIGADAS
La norma obliga a las grandes empresas a rendir cuentas en su informe de gestión consolidado, entre otras cuestiones, de los sueldos de sus empleados, el nivel de temporales en la plantilla, y cómo paga sus impuestos. La iniciativa procede de un decreto ley defendido en su día por el exministro de Economía de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, para trasponer una directiva comunitaria.
El texto finalmente aprobado por el Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que estarán obligadas a rendir cuentas de este informe todas las empresas con más de 250 empleados, sin excepción. Eso sí, en un plazo de aplicación progresivo de tres años a partir del vigente ejercicio.
Únicamente aquellas compañías con más de 500 personas trabajando, y con una facturación de 40 millones de euros, deberán aplicarla ya para el ejercicio 2018, ya que a ellas se limitaba el ámbito de aplicación a su llegada a la Cámara Baja.
El informe deberá publicarse de forma gratuita y "fácilmente accesible" en la web de la sociedad en los primeros seis meses de la finalización del ejercicio, donde deberán permanecer al menos cinco años.
Además del Código de Comercio y la Ley de sociedades de capital sobre información no financiera y diversidad, el proyecto de ley que el Congreso remitirá al Senado incluye la trasposición de una nueva directiva, que modifica la Ley de instituciones de inversión colectiva, y la Ley de servicios de pago.
INFORMACIÓN LABORAL, FISCAL Y MEDIOAMBIENTAL
Entre los datos que deberá incluir la empresa se encuentra el número total de empleados, con su distribución entre indefinidos y temporales, contratos a tiempo parcial, sus remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor, y la remuneración media de consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, y planes de pensiones.
También cuestiones relativas a la organización del trabajo, tales como el número de horas de absentismo y medidas para facilitar la conciliación, frecuencia de accidentes de trabajo, políticas de accesibilidad, de formación o dirigidas a promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
También deberán rendir cuentas sobre los beneficios obtenidos país por país, los impuestos abonados sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas, cuestiones sobre la política de subcontrataciones --si tiene en cuenta aspectos sociales y de igualdad, por ejemplo-- y medidas adoptadas para prevenir la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales.
Esta información, según recoge la ley, deberá ser "verificada por un prestador independiente de servicios de verificación", y permite al Gobierno establecer en la norma, a través de un reglamento, "indicadores clave para cada materia del estado de información no financiera".
En ese desarrollo reglamentario podría incluirse un régimen sancionador, ya que la trasposición de esta directiva no incluye ningún artículo para reflejar las consecuencias del incumplimiento de los establecido en la norma
