MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha nombrado este viernes a José Luis Escrivá Belmonte presidente de la recién creada Autoridad Fiscal Independiente, que fue aprobada el pasado mes de noviembre y que tiene como finalidad supervisar la ejecución presupuestaria de las principales administraciones y organismos públicos.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que el nombramiento cumple con las exigencias de ser una persona de reconocido prestigio y con una experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional.
Asimismo, resaltó que la nueva Autoridad Fiscal Independiente es un organismo fundamental para el proceso de consolidación fiscal que vive España y da cumplimiento también a las exigencias de la Comisión Europea para el control del gasto público.
Licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Economía, Escrivá ha sido también consultor en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o las Naciones Unidas. Además, ha sido director de la Oficina para las Américas y responsable de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE). En el ámbito privado, el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente ha ocupado también la Dirección del Servicio de Estudios de BBVA, donde sustituyó al exministro de Industria, Miguel Sebastián.
Después de desempeñar diferentes puestos en el Banco de España, fue asesor del Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de la Unión Europea, asesor del Instituto Monetario Europeo, subdirector del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España y jefe de la División de Política Monetaria del BCE. Entre 2003 y 2011 fue economista-jefe y director del Servicio de Estudios del Grupo BBVA, y director del área de Finanzas Públicas del mismo grupo. Desde finales de 2012 era director de la Oficina para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea.
La nueva institución de control fiscal que dirigirá Escrivá, quien ocupará el cargo durante seis años no prorrogables, estará adscrita al Ministerio de Hacienda --y no a las Cortes Generales, como pedía la mayor parte de los partidos de la oposición para garantizar su independencia-- y se financiará fundamentalmente a través de las tasas que cobrará a las administraciones por sus informes.
Según el Gobierno, con la creación de este organismo se cumple además la directiva europea que regula los marcos presupuestarios de los países miembros, que establece la necesidad de contar con una institución fiscal independiente en el país que realice análisis fiables e independientes de la evolución de las cuentas.
La nueva autoridad fiscal, similar a las que existen en otros países de la UE, será un ente público e independiente y con personalidad jurídica propia. Su principal función será garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 135 de la Constitución que fue reformado por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Además del presidente, nombramiento que ahora deberá ser refrendado por el Parlamento, el nuevo organismo contará también con directores de división que serán nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del presidente del organismo. Estos directores deberán tener una experiencia de al menos diez años en materias propias de la división que vayan a ocupar.
ELABORARÁ INFORMES Y OPINIONES.
Las funciones de la nueva autoridad fiscal se centrarán en el análisis, el asesoramiento y el control en relación con la política presupuestaria. Así, elaborará informes preceptivos y no vinculantes de forma que, si la Administración a la que va dirigida el informe se aparta del criterio dado, deberá motivarlo.
En concreto, se pronunciará sobre las iniciativas propias de las administraciones que afecten a materias previstas en la ley de estabilidad presupuestaria. Así, valorará las previsiones macroeconómicas, que deberán contar con informe favorable, y el programa de estabilidad, y realizará seguimientos sobre la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la aplicación de regla de gasto prevista en la ley.
De la misma forma, calibrará los planes económicos y financieros del Estado y las comunidades autónomas y presentará un informe sobre el establecimiento de objetivos individuales de déficit que enviará a Hacienda en los diez días siguientes a la aprobación de los objetivos globales de déficit en el Consejo de Ministros.
