Afirma que más del 60% de los alquileres no se declaran al fisco y que las rentas sumergidas alcanzan los 1.800 millones
MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aplaudió hoy la decisión del Ejecutivo de aplicar desgravaciones y ayudas a las viviendas de alquiler, aunque matizó que estas primeras medidas orientadas a fomentar el mercado de alquiler deben verse completadas con "medidas más contundentes" que permitan luchar de manera más eficaz contra los arrendamientos sumergidos.
En la actualidad, Gestha calcula que existen alrededor de 977.306 alquileres no declarados en España, lo que representa el 60,5% del total del parque de viviendas alquiladas y unas rentas sumergidas de 1.800 millones de euros anuales aproximadamente.
Con objeto de fomentar el alquiler y luchar de manera eficaz contra los arrendamientos sumergidos, los técnicos de Hacienda solicitan, en primer lugar, un cambio normativo en la Ley de Arrendamientos Urbanos, de manera que recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario.
En segundo lugar, plantean modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Este colectivo propone que en este caso, la orden de lanzamiento se expida junto con la sentencia.
JUICIOS RÁPIDOS PARA EL DESAHUCIO.
Asimismo, Gestha estima necesario que los juicios rápidos sean "realmente rápidos", por lo que el Ministerio de Justicia debería aumentar el número de juzgados necesarios para que tanto la vista, como la sentencia de desahucio por falta de pago de las rentas y el lanzamiento fueran realizadas en otros quince días.
En tercer lugar, entre las medidas contempladas en la Ley para la Prevención del Fraude Fiscal, se encuentra la nueva obligación de información las empresas suministradores de agua, electricidad y gas sobre los consumos realizados en las viviendas.
Igualmente, Gestha califica de "positivo" el giro anunciado por el Ejecutivo a la política fiscal relacionada con la vivienda de alquiler, por considerar que, hasta la fecha, había impulsado en exceso las ayudas a la adquisición de vivienda en lugar de tratar de equ ilibrar los incentivos fiscales entre el alquiler y la compra, máxime cuando la experiencia muestra que son aquellas comunidades donde existen desgravaciones a favor de los inquilinos donde se localiza menor fraude fiscal.
En la actualidad, el fraude por alquileres no declarados asciende a una media del 60,53% en España. Las comunidades autónomas de Canarias, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla superan el 75% del fraude fiscal por alquileres de vivienda y no tienen desgravaciones fiscales a favor de los inquilinos. Por el contrario, las regiones de Castilla y León, Galicia, Asturias, Madrid y Cantabria, no superan el 60% de fraude, y tienen reconocidos los incentivos fiscales a los inquilinos.
