MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director responsable de Aduanas e Impuestos Especiales de KPMG Abogados, Juan José Blanco, ha asegurado que el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el 'céntimo sanitario' demuestra que España no puede legislar de espaldas a la UE porque las consecuencias jurídicas que pueden tener estas decisiones pueden ser "muy importantes".
Así lo ha señalado Blanco en declaraciones a Europa Press, tras explicar que la Comisión ya recomendó a España en el año 2002 que no creara este impuesto porque no encajaba bien con las directivas comunitarias de IVA e Impuestos Especiales y volvió a hacerlo una vez creado el tributo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' -el impuesto sobre los carburantes que aplican algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.
El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.
Según el responsable de Aduanas e Impuestos Especiales de KPMG Abogados, podrán pedir la devolución de lo pagado por este impuesto los contribuyentes que tienen casos recurridos en los Tribunales y los que están pendientes de prescripción, debido a la no limitación de los efectos de la sentencia en el tiempo.
Tanto la Generalitat de Cataluña como el Gobierno español habían solicitado al Tributal de Justicia la limitación de los efectos en el tiempo dada la gran cantidad de litigios, pero los jueces consideran que las instituciones recaudadoras no demostraron buena fe al mantener el impuesto durante diez años.
Preguntado por quién debería devolver el dinero, Blanco ha considerado que Estado y comunidades autónomas deberán sentarse a hablar, puesto que la relación de los reclamantes debe ser siempre con el que tiene la capacidad de gestión (el Estado), aunque la recaudación del impuesto se cedió a las comunidades.
