MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quiere que sea el Gobierno vasco el que abone la multa de 30 millones de euros que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a España por las llamadas 'vacaciones fiscales', dado que fue el Ejecutivo de Euskadi el "responsable directo" de esta sanción.
Así consta en una pregunta parlamentaria que la formación magenta ha registrado en el Congreso, y a la que ha tenido acceso Europa Press. En el texto, Díez recuerda que "hoy existen mecanismos legales que permiten al Estado repercutir la multa a la administración responsable" de la infracción sancionada, sin perjuicio de que el Gobierno vasco podría a su vez "trasladarla a las diputaciones forales".
La diputada se refiere concretamente a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de 2012, y al real decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE. Así, pregunta al Ejecutivo si "ha puesto en marcha el procedimiento legal previsto para exigir al Gobierno autonómico vasco que pague la cuantía reclamada por la UE como responsable directo de la multa".
TRECE AÑOS DE PLEITO
El Tribunal de Justicia de la UE sancionó el pasado martes a España a pagar 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas 'vacaciones fiscales' vascas.
El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión Europea (CE) declaró ilegales seis regímenes de ayudas fiscales aprobadas por las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y exigió su devolución. Las ayudas se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir de manera sustancial el Impuesto de Sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios.
En 2006, el Tribunal de Luxemburgo ya sentenció en contra de estas ayudas y ahora, después de trece años de litigio, el TJUE ha impuesto a España una multa de 30 millones de euros, inferior no obstante a los 50 millones de euros que había propuesto la abogada general del Tribunal y a los 65 millones que pedía el Ejecutivo comunitario.
De hecho, España ya ha recuperado el 100% de las subvenciones ilegales (alrededor de 500 millones de euros), aunque la mayor parte de ellas se reembolsaron fuera de plazo, con un retraso de hasta doce años.
Por eso, la sentencia estima que "está justificado condenar a España a pagar una suma a tanto alzado", ya que "el procedimiento de recuperación de las ayudas ilegales se prolongó durante más de cinco años después de que se dictara la sentencia de 2006, y que este retraso no podía achacarse a dificultades relacionadas con la recuperación de las ayudas".
"Por otro lado, las ayudas ilegales son particularmente perjudiciales para la competencia, debido a lo elevado de su cuantía y al gran número de beneficiarios de las mismas, razón por la cual habría debido privarse a éstos sin demora de la ventaja de la que habían disfrutado ilegalmente frente a sus competidores", apunta el fallo.
Por último, el Tribunal de Justicia señala que España ya ha sido objeto de varias sentencias que resuelven recursos por incumplimiento por no haber recuperado ayudas ilegales de manera inmediata y efectiva. Según la sentencia, "esta reiteración de comportamientos ilícitos de un Estado miembro requiere que se adopte una medida disuasoria, como la condena al pago de una suma a tanto alzado".
Considerando que el hecho de que la infracción sólo afecte a una región autónoma no atenúa la gravedad del incumplimiento señalado, el Tribunal de Justicia concluye que, "dada la capacidad de pago de España, está justificado condenar a dicho Estado a pagar una suma a tanto alzado de 30 millones de euros".
