16 de junio de 2019
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  • 18 de julio de 2016

    Eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio generaría un 5% de crecimiento adicional y 181.000 empleos

    Eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio generaría un 5% de crecimiento adicional y 181.000 empleos
    EUROPA PRESS

    MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

    La eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio generaría, a lo largo de los diez primeros años, un 5% de crecimiento adicional para la economía española y unos 181.000 puestos de trabajo, según un estudio sobre este impuesto realizado por la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad han hecho público hoy el estudio "El impuesto sobre el Patrimonio".

    El informe analiza la aplicación por parte de cada comunidad autónoma y de las diputaciones forales, y compara cada una de esas situaciones con la media española y con Francia, único país de la UE que aún mantiene, como España, este impuesto.

    De la investigación sobre este tributo en el mundo se desprende que casi todos los países desarrollados lo han eliminado en las últimas décadas. Declarado inconstitucional en Alemania, el Impuesto sobre el Patrimonio apenas persiste en Noruega, Francia, España y a nivel cantonal en Suiza. En España, la aplicación media de este tributo transferido a las comunidades autónomas es mucho más gravosa que la francesa y la noruega.

    Así, el estudio muestra que se dan circunstancias tan "llamativas" como la de Extremadura, que tiene el Impuesto sobre el Patrimonio más alto del mundo; la de Guipúzcoa, cuyo tributo resulta "confiscatorio" al haberse eliminado el escudo fiscal; o las de Aragón, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que al haber reducido el mínimo exento "maltratan duramente a la clase media".

    Por su parte, Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia y Murcia se unen a las comunidades catalana y valenciana al subir la tarifa por encima de la escala general, aunque sin llegar al nivel extremo que rige en Extremadura, donde el contribuyente paga, a igual valor patrimonial, el doble que en Francia.

    Por ahora, sólo la Comunidad de Madrid ha suprimido el impuesto para sus residentes, mientras La Rioja presenta el impuesto más bajo de todas las comunidades que sí lo aplican, y las haciendas forales alavesa y vizcaína tienen un mínimo exento de 800.000 euros, algo más generoso que los 700.000 habituales en las comunidades que no lo han reducido.

    INTRODUCIDO CON CARÁCTER TRANSITORIO HACE 39 AÑOS.

    El informe recuerda que el Impuesto sobre el Patrimonio fue introducido con carácter excepcional y transitorio, pero de eso hace ya 39 años. La autora analiza la propuesta del economista Thomas Piketty y también las medidas que para el futuro de este impuesto recogen los diversos partidos políticos en sus programas, abordando el efecto que de su aplicación cabría esperar sobre la economía española.

    "El Impuesto sobre el Patrimonio, contra lo que a simple vista puede parecer, resulta particularmente nocivo para los niveles medios y bajos de renta, pues son los ciudadanos más vulnerables económicamente los que en mayor medida sufren los efectos del impuesto: ralentización del crecimiento, caída del empleo, bajada salarial y reducción de la oferta de bienes y servicios", señala.

    Asimismo, apunta que se trata de un impuesto "principalmente
    ideológico, que apenas recauda, pero parece justo y equitativo". Sin embargo, la autora del informe advierte de que, para que el 1% más rico reduzca su riqueza en un 13%, toda la clase media debe verla mermada en un 7%, por lo que se pregunta si es razonable perseguir una leve reducción de la desigualdad a costa del empobrecimiento generalizado.

    SU ELIMINACIÓN APORTARÍA UNA SUBIDA SALARIAL DEL 4% EN DIEZ AÑOS.

    Por otro lado, el informe calcula que, a lo largo de los diez primeros años, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio sería responsable de unos cinco puntos adicionales de crecimiento, de 181.000 nuevos puestos de trabajo y de una subida salarial en torno al 4%.

    Finalmente, el estudio indica que los "elevados" costes de gestión del impuesto y su "ínfima" contribución a las arcas estatales (apenas un 0,11% del PIB) aconsejan la eliminación de este impuesto que genera "abundantes situaciones de doble imposición, resulta fuertemente desincentivador del ahorro y de la inversión, y cuyo efecto más contraproducente es el cambio de residencia con la consiguiente pérdida de declarantes y de su tributación mediante otros impuestos mucho más importantes, como el IRPF".