BRUSELAS, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europea dejará para septiembre el "diálogo estructurado" que ha pedido a la Comisión Europea sobre la congelación de fondos estructurales a España y Portugal por incumplir sus compromisos de reducción de déficit, como parte de las medidas que prevé la Unión Europea para los países incumplidores.
El Ejecutivo comunitario anunció este lunes que mantiene su intención de poner cifra a la multa el próximo miércoles, 27 de julio, pero dijo que no lo acompañaría de la propuesta concreta de congelación de fondos porque debe atender antes a la solicitud de diálogo de la Eurocámara.
El presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz, propondrá el lunes a los jefes de grupo pedir a la Comisión iniciar los contactos "lo antes posible después del verano", según han explicado a Europa Press fuentes europeas.
En su propuesta, que en principio no encontrará impedimento entre los grupos, también establece el espacio del diálogo y propone que la discusión se enmarque en las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y la de Política Regional.
Bruselas debe escuchar la opinión del Parlamento Europeo porque es colegislador en cuestiones presupuestarias y gestión de fondos, aunque tal dictamen no sea vinculante.
Las norma comunitarias prevén la suspensión de parte de los fondos estructurales a un Estado miembro sancionado por déficit excesivo que, en el caso de España, podría alcanzar hasta un 50 % de los créditos comprometidos por las arcas comunitarias para este tipo de fondos en 2017, equivalente a unos 1.000 millones de euros.
Según ha dicho el vicepresidente del Ejecutivo comunitario Maros Sefcovic, esta decisión no está sujeta a un límite legal en el calendario, como sí lo está la cuantía de la multa, para la que Bruselas tiene 20 días para pronunciarse, a contar desde el pasado 12 de julio cuando se activó el procedimiento.
En este caso, la Comisión pondrá cifra el próximo miércoles, salvo sorpresa de última hora, a la sanción a España y Portugal y que podrá sumar hasta un 0,2 % del PIB nacional, es decir, más de 2.000 millones de euros en el caso español.
El Gobierno da por hecho que la multa será "nula o cero", como ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el propio Sefcovic ha recordado este miércoles que, sea cual sea el monto de la multa, podrá ser "rebajado o cancelado" si hay razones que lo justifiquen.
