20 de noviembre de 2019
11 de octubre de 2019

Gestha ve "contradictorio" el "cambio de criterio" de las entregas a cuenta y pide los informes de la Abogacía

Gestha ve "contradictorio" el "cambio de criterio" de las entregas a cuenta y pide los informes de la Abogacía
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, en Madrid (España), a 11 de octubre de 2019.JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de Hacienda (Gestha) ven "contradictorio" el "cambio de criterio" de la Abogacía del Estado que valida ahora que el Gobierno en funciones haya aprobado vía real decreto ley el pago de unos 5.500 millones de euros a las comunidades autónomas y ayuntamientos de España por la actualización de las entregas a cuenta, que hasta ahora no se había realizado por la prórroga presupuestaria y la falta de constitución del Gobierno.

Desde Gestha recuerdan que los fondos autonómicos permanecían hasta ahora congelados por un informe al que aludía el Gobierno y que concluía que un Ejecutivo en funciones no puede tomar medidas que comprometan la acción de un futuro gobierno que surja tras la cita de las urnas.

Por ello, los técnicos piden a la Abogacía del Estado que publique en su página web esos dos informes "en beneficio de la trasparencia y neutralidad de las instituciones administrativas".

Gestha ya advirtió de que uno de los riesgos fiscales que entrañaba la repetición de las elecciones era el retraso de la urgente reforma del modelo de financiación autonómica, vinculada al debate de la reforma tributaria, en especial de los impuestos estatales y de la armonización de los cedidos por el Estado, compatible con el principio de corresponsabilidad fiscal constitucional.

En este sentido, señala que las autonomías son las responsables de gestionar las políticas esenciales que garantizan el Estado del Bienestar, ya que asumen el gasto en educación, sanidad o dependencia, entre otros. Por ello, los técnicos lamentaban el retraso de medidas para aliviar la financiación autonómica.

En cualquier caso, ve "necesidad de seguridad jurídica y transparencia" en materia de financiación local, por lo que insta a acometer una reforma integral y del sistema de financiación autonómica y local, para lo que cree que se precisa de un marco jurídico "estable y predecible" hasta que un Gobierno constituido pueda iniciar la negociación con las comunidades autónomas y municipios.

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