Limitará a 1.000 euros los pagos en efectivo de empresarios y profesionales
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno añadirá a la lista de morosos de la Agencia Tributaria los responsables solidarios y reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros, frente al importe de millón de euros actual, al tiempo que reducirá a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales pueden realizar en efectivo en el seno de su actividad, y prohibirá las amnistías fiscales.
Estas son algunas de las medidas en materia de lucha contra el fraude que ha pactado el Gobierno con Podemos en su acuerdo sobre los Presupuestos de 2019, que contempla, con el fin de acabar con los paraísos fiscales de los que se sirven los defraudadores para evitar contribuir a la sociedad, el reforzamiento de la normativa tributaria para ser "más exigentes" con los demás países.
El objetivo es asegurar que todos aquellos que no mantienen unos estándares fiscales mínimos pasen a formar parte de la lista española de paraísos fiscales. Adicionalmente, se alineará la lista nacional de paraísos fiscales con los estándares y listas adoptados en el marco internacional.
Para combatir la economía sumergida, se reducirán a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales puedan realizar en efectivo en el seno de su actividad empresarial o profesional, sin que dicha limitación afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular. Actualmente la limitación se sitúa en 2.500 euros para todos los ciudadanos.
Asimismo, el Gobierno ha acordado con Podemos reforzar la lista de morosos de la Agencia Tributaria, para lo que se añadirán a la lista de morosos los responsables solidarios y se reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros, frente al millón de euros de la actualidad.
PROHIBIRÁ AMNISTÍAS Y CREARÁ UNA CENTRAL DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES
Igualmente, se prohibirá por ley expresamente la posibilidad de realizar amnistías fiscales en el futuro debido a la "gran injusticia social" que suponen. La última amnistía fiscal fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, si bien el 2017 fue anulada por el Tribunal Constitucional por haber sido regulada por real decreto ley, si bien no afectó a las regularizaciones firmes.
El Ejecutivo creará una unidad central de coordinación de las actuaciones de control de contribuyentes con patrimonios relevantes que tendrá competencias para planificar, seleccionar, establecer criterios y coordinar las actuaciones en todo el territorio.
Con ello busca optimizar la explotación de las herramientas informáticas de análisis de riesgos, así como de la información de terceros disponible sobre los contribuyentes con patrimonios relevantes y sus entornos societarios y familiares, incluida la información obtenida mediante suministros internacionales.
A su vez, trata de incrementar el número de actuaciones en todo el territorio y asegurar la unidad de criterio. La capacidad operativa de la unidad y del personal de las delegaciones, incluida la Delegación central, bajo su coordinación, se estima equivalente a 200 funcionarios cualificados a tiempo completo, según el acuerdo.
Otras medidas de lucha contra el fraude consensuadas entre el Gobierno y Podemos son la trasposición de la directiva Antielusión ATA, que contempla el establecimiento de una norma general antiabuso, un nuevo régimen de transparencia fiscal internacional, el tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, la limitación de la deducibilidad de intereses y la regulación de la llamada imposición de salida.
También se contempla la adopción de las reglas aprobadas por la OCDE con objeto de imponer a los intermediarios fiscales la obligación de remitir información a la administración tributaria sobre las medidas adoptadas por los sujetos obligados que traten de eludir o circunvalar el CRS (estándar de intercambio automático de 50 información), así como suscripción del Acuerdo de Autoridades Competentes cuando se abra para la firma.
ESTUDIARÁ MODIFICAR EL UMBRAL DE PUNIBILIDAD POR FRAUDE EN 50.000 EUROS
El acuerdo también recoge un estudio del impacto de una modificación del umbral cuantitativo de punibilidad de la defraudación a la Hacienda estatal, autonómica, foral y local en 50.000 euros.
A su vez, se realizará un estudio de la posibilidad de modificar las normas reguladoras de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para incluir en el Fichero de Titularidades Financieras las cuentas abiertas en filiales o sucursales del extranjero de las entidades de crédito.
Por último, se seguirá participando en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales de la OCDE para evaluar los resultados de la aplicación del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras, detectar sus incumplimientos e impulsar las medidas sancionadoras y legislativas necesarias para corregir la situación, entre ellas, mejorar la definición de cuenta sujeta a comunicación de información.
